Colombia Visible habló con 16 líderes sociales de las 16 subregiones PDET, priorizadas por el Acuerdo de La Habana, para conocer cómo están trabajando, desde sus labores cotidianas, para consolidar la paz en sus territorios. Igualmente, para identificar las necesidades más apremiantes de estas regiones en el enorme desafío de alcanzar la paz nacional.

Guaviare
Tras la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, en 2016, en Colombia se delimitaron 16 territorios beneficiarios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. De estos, el más extenso es Macarena - Guaviare, donde confluyen los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. La diversidad natural y demográfica del mismo ha facilitado la proliferación de proyectos alrededor del turismo comunitario, la defensa ambiental, la producción agrícola y la gastronomía, todos impulsados por el programa y los lideres locales. / FOTO: Shutterstock

El proceso de una paz nacional solo es posible a través de la paz territorial, la paz a pequeña escala: pequeñas acciones y pequeños proyectos a nivel local con los que individuos y comunidades construyen sentido de futuro y, de esa manera, esperanza en el porvenir. La paz global, entonces, se construye desde lo comunitario. 

En este contexto, justamente, el Acuerdo de Paz de La Habana delimitó y priorizó 16 subregiones del país para diseñar e implementar Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una herramienta que busca transformar, teniendo a sus habitantes como protagonistas, los territorios más afectados por el conflicto, la pobreza, la debilidad institucional y la presencia de cultivos ilícitos. 

16 subregiones compuestas por 170 municipios y 11.000 veredas que abarcan el 36% del territorio nacional y donde viven 6,6 millones de colombianos. 

Conversamos, en cada una de esas subregiones, con líderes sociales, comunitarios, indígenas, campesinos, juveniles, de mujeres, docentes y más, protagonistas imprescindibles del proceso de construcción de paz en Colombia. 

Lo hicimos para transmitir a las autoridades locales, regionales y nacionales, en boca de ellos, lo que hace falta para la consolidación de la paz en sus territorios y desde allí en el país, así como para destacar y divulgar las maneras en las que se han organizado con sus comunidades y están trabajando para contribuir en ese proceso.

Así, este es un manifiesto de parte de los habitantes de los corregimientos, las veredas y los municipios que vivieron con más intensidad el conflicto armado, en el que cuentan sus conquistas y sus necesidades sentidas alrededor de todo ese proceso. 

Incluimos, también, un completo contexto histórico de cada una de esas subregiones para dar luces sobre qué es lo que ha pasado en las últimas décadas y así entender por qué hoy son tan relevantes los procesos comunitarios que tienen lugar en sus territorios. 

Alto Patía - Norte del Cauca

“En nuestra cosmovisión como gente negra, el territorio es la vida, es donde existimos”

— Carolina Mosquera

Carolina Mosquera
Carolina Mosquera es Consejera Municipal de Juventudes de Santander de Quilichao. / FOTO: Fupad

Carolina Mosquera nació en Guacarí, Valle del Cauca, pero desde niña vive en la vereda Lomitas, del municipio de Santander de Quilichao. Es coordinadora del Palenque Juvenil del Consejo Comunitario Afro Lomitas Sur, así como Consejera Municipal de Juventudes de Santander de Quilichao y lideresa social del norte del departamento del Cauca. 

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

Como lideresa juvenil Carolina ha impulsado espacios de formación política y social para propiciar nuevos liderazgos y constituir acuerdos comunitarios para direccionar el desarrollo futuro de su comunidad teniendo en cuenta las necesidades de la juventud. 

“A través de los procesos de las escuelas de formación planteamos ideas para mejorar nuestra economía y nuestra calidad de vida hacia el futuro”. 

Son espacios en los que se enseña la historia de la comunidad y sus luchas históricas, con el fin de preservar la identidad cultural, la ancestralidad y uno de sus puntos más importantes: el arraigo al territorio, fundamental en la subjetividad afrocolombiana.  

En ese mismo sentido, Carolina aboga por la titulación de tierras para su comunidad, un ámbito en donde, reconoce, se han obtenido avances. Según la Agencia de Renovación del Territorio, entre 2019 y 2021, en la subregión se entregaron 3.676 títulos de formalización y acceso de tierras, siendo Santander de Quilichao uno de los municipios más beneficiados, con 505 titulaciones. 

De la misma manera, Carolina contribuye en la coordinación de los ‘Consejos de protección’, espacios donde la comunidad expresa las vulneraciones de derechos humanos y seguridad ante entidades gubernamentales que llegan a socializar avances y escuchar a la comunidad para dar solución a las problemáticas.

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Según cuenta Carolina, las grandes problemáticas que tiene la construcción de paz en la subregión son de orden público: la falta de seguridad y las vulneraciones a los derechos humanos, manifestadas principalmente en el asesinato y desplazamiento de líderes sociales. 

Según esta lista de líderes asesinados en 2022, realizada por Indepaz, 24 de los 189 asesinatos del año ocurrieron en el departamento del Cauca, así como siete de los 42 asesinatos de excombatientes firmantes de paz. 

Por su parte, el último boletín de Somos Defensores, con datos de entre julio y septiembre de 2022, registró 182 agresiones contra líderes sociales, de las cuales 48 tuvieron lugar en Cauca, siendo este el departamento con el mayor número en todo el país. Eso incluye amenazas, asesinatos, atentados y  desapariciones, entre otras agresiones. 

De allí se desprende otro de los obstáculos que, según Carolina, tiene la construcción de paz en su comunidad: la pérdida de identidad cultural, que se da en particular por el desplazamiento forzado.

En ese sentido, Carolina asegura que es necesario avanzar con la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, así como fortalecer los procesos comunitarios como las escuelas de formación política y de liderazgo que ella coordina y que carecen de financiación, por lo que muchas veces se ve truncado su trabajo.

Sobre la subregión del Alto Patía - Norte del Cauca

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Alto Patía y el Norte del Cauca está conformado por los municipios de Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander De Quilichao, Suárez, Toribio, en el Cauca y Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa, Florida y Pradera, en Nariño.

Esta investigación de Rutas del Conflicto narra cómo las problemáticas sociales y políticas del Cauca se remontan a la época colonial, siendo Popayán, fundada en 1537, un epicentro del proyecto esclavista y extractivista que representó la conquista española de América. 

De esa dinámica surgieron durante la República figuras como el terraje y el jornaleo, en las que los hacendados se aprovechaban del latifundio para que los campesinos, indígenas y afros trabajaran para ellos a cambio de posada y comida. 

Eso se agudizó a principios del siglo XX y en ese contexto surgió la figura de Manuel Quintin Lame, un indígena abogado autodidacta que exigió la devolución de los territorios indígenas. Se convirtió en un hito de la resistencia indígena en el Cauca e inspiró, 60 años luego de su muerte, el surgimiento de la única guerrilla indígena en Colombia: el Movimiento Armado Quintín Lame, que operó desde 1984 hasta 1991 . 

De la misma manera, se dieron otros procesos de resistencia como el surgimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, en 1971, bajo los principios de ‘Unidad, tierra y cultura’, que comenzó un efectivo proceso de recuperación de tierras ancestrales. 

Todo eso ocasionó una violenta respuesta por parte de la élite terrateniente hacia las comunidades indígenas y, en ese contexto, llegó en 1978 al norte del Cauca el frente sexto de las Farc, que hizo del territorio uno de sus bastiones. En esa misma década, nació el frente octavo en El Tambo, en la región del Alto Patía y más tarde lo hizo el frente 60 en Argelia, así como la columna móvil Jacobo Arenas. Asimismo, en los límites con el Valle del Cauca surgió el frente 30. 

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En el departamento del Cauca son comunes las manifestaciones de quienes buscan la paz en el territorio. En la foto, una llevada a cabo en Santander de Quilichao. / FOTO: Cortesía

Más allá de las Farc, para los años 80 en el departamento del Cauca también hacían presencia el M-19, el EPL y el ELN, es decir, todas las guerrillas existentes para ese momento. Eso dado que el Cauca es un punto estratégico, con corredores naturales hacia el Pacífico. 

Todo ello permeado ya por el narcotráfico, que en los años 70 comenzó a fortalecerse con facilidad dada la presencia de cultivos de coca y marihuana por su uso ancestral indígena, aunque el verdadero auge se dio después de que llegaron los Cuerpos de Paz estadounidenses a la región, que enseñaron a fabricar la pasta de coca, según registra la investigación de Rutas del Conflicto.  

En los años 80 también surgieron diversos grupos paramilitares como la Falange Bolivarista del Cauca, la Falange Caucana y Justiciera, Popayán Bella y Limpia y La Alianza Anticomunista del Cauca. A mediados del 2000, una facción del Bloque Calima de las AUC, nacido en el Valle del Cauca, comenzó su expansión hacia el Norte del Cauca y el Pacífico apoyado por narcotraficantes: el Frente Farallones, que aunque responsable de atroces crímenes en la zona, no se consolidó militarmente allí. 

En el 2004 se desmovilizó el Bloque Calima y mientras lo hacía, las Farc y el ELN afianzaron su presencia en el Cauca, financiados por las rentas del narcotráfico y la minería ilegal. El Alto Patía fue la zona con mayor intensidad de combates entre las FARC-EP y el ELN en la década del 2000.

También surgieron grupos post desmovilización de las AUC como los Rastrojos, uno de los más poderosos hasta que en 2012 cayeron tres de sus cabecillas. 

Con la desmovilización de las Farc, el ELN, el EPL y el Clan del Golfo comenzaron a disputarse el territorio, y ahora también lo hacen distintos grupos de disidencias como el frente Carlos Patiño, que pertenece al Comando Coordinador de Occidente y, a su vez, al Estado Mayor Conjunto de las Farc, uno de los dos grandes grupos sombrilla de disidencias.  

Arauca

“Tenemos muchas realidades tristes, pero lo que nos congrega es el sueño y la esperanza de qué queremos llegar a ser”

— Emperatriz Montes

Emperatriz Montes
Emperatriz Montes, lideresa del PDET Arauca, tiene un doctorado en educación. / FOTO: Fundación Compartir

Emperatriz Montes es rectora de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, en su natal Saravena, y docente del magisterio público desde 2010. Además, creó un programa de validación educativa para excombatientes y ha logrado reducir los índices de deserción escolar en el departamento. Estudió administración de empresas agropecuarias, tiene una maestría en gestión de tecnología y un doctorado en educación. 

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

El liderazgo de emperatriz se concentra en el campo educativo: solo en su primer año como rectora de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, en Saravena, Emperatriz logró reducir la deserción escolar un 7,7%, llevándola al 1,6%. Asimismo, ha incrementado el ingreso de estudiantes a la institución: en 2018, ingresaron 1.038 y en 2022 lo hicieron 1.452. 

De la misma manera, Emperatriz coordinó una caracterización de los núcleos familiares de los estudiantes para reconocer sus contextos y plantear herramientas pedagógicas que respondan a esas realidades. Eso a través de un programa interinstitucional, que también creó, y en donde trabaja de manera articulada con organizaciones como el ICBF, la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos.

Por otra parte, antes de llegar a la institución que hoy dirige, Emperatriz lideró en zona rural de Arauquita, en una época de intensos enfrentamientos entre las Farc y el ELN, el proceso de transformación del Centro Educativo Andrés Bello, que solo ofrecía hasta el grado noveno, en institución educativa con modalidad técnica agroindustrial articulada con el Sena. 

Allí mismo, Emperatriz creó un programa de validación educativa para excombatientes que en su primer año graduó como bachilleres académicos a 72 firmantes del acuerdo y a 34 de sus familiares.

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Para Emperatriz es fundamental comenzar a entablar diálogos a través de mesas regionales con los grupos armados que hacen presencia en el territorio. Según la Defensoría del Pueblo y este informe de la Fundación Paz y Reconciliación,los grupos con mayor presencia en el departamento son el Frente Domingo Laín, del ELN, y el Frente 10 ‘Martín Villa’ de las disidencias de las Farc. Ambos están en los siete municipios que constituyen el departamento de Arauca. 

El informe indica que ambos grupos habían acordado un pacto de no agresión que, sin embargo, comenzó a fracturarse en noviembre de 2021 a causa de la retención por parte de las disidencias de un comandante del ELN. Desde entonces los enfrentamientos entre ambos grupos se han recrudecido. 

Por otra parte, para Emperatriz es urgente que se dé un proceso de fortalecimiento de la Universidad Nacional en Arauca, a través de la creación de carreras presenciales y permanentes en el departamento. De la misma manera, menciona la creación de programas culturales y deportivos que ofrezcan otras alternativas a los jóvenes. 

Eso se hace particularmente urgente en un contexto en el que el Índice Departamental de Competitividad (IDC) ubica a Arauca en el puesto 24 de 33 departamentos (incluyendo a Bogotá) en términos de educación superior: para 2022 solo 5,44% del total de la población entre 17 y 21 años se encontraba matriculada en algún programa universitario, mientras que solo el el 2,26% lo estaba en programas técnicos y tecnológicos. 

Asimismo, solo 20,39  personas por cada 100.000 habitantes se graduaron de algún programa de posgrado; el puntaje promedio de la prueba Saber Pro está en 134,88 sobre 300 y el 0,79% de los estudiantes matriculados en una institución de educación superior lo está en una acreditada de alta calidad. 

Sobre la subregión de Arauca

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial de Arauca está conformado por los municipios de Saravena, Arauquita, Fortul y Tame, en Arauca.  

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, durante la primera mitad del siglo XX, Arauca, a pesar de estar habitada por pueblos indígenas como los U’wa, Hitnü, Sikuani y Macaguán, era considerado un territorio vacío. En ese contexto, hacendados ganaderos fueron ocupando territorios y configurando los distintos municipios del departamento, en una relación de tensión y violencia entre colonos, campesinos e indígenas. 

En la década del 50 llegó al territorio la violencia partidista. Fue allí, en el municipio de Tame, donde nació Guadalupe Salcedo, que lideró las guerrillas del llano contra el gobierno conservador. 

Sin embargo, la región se apaciguó con la amnistía de Rojas Pinilla en 1953 y desde 1956 se comenzó a promover desde el gobierno un proceso de colonización que motivó a miles de campesinos de distintas regiones del país a llegar a Arauca, particularmente a la región del río Sarare y a Saravena. 

Con el tiempo, sin embargo, ese proceso se llenó de tensiones por incumplimientos en la entrega de tierras y en la construcción de infraestructura vial, que impidió la comercialización de productos, así como por la invasión de tierras indígenas y el desalojo, persecución y asesinato de sus comunidades. 

Todo eso motivó el surgimiento de procesos organizativos campesinos como la Cooperativa Agropecuaria del Sarare, una de las más relevantes en la región por el impacto de sus acciones y por servir como referente para la creación de otras organizaciones. 

En los años 60 y los 70 se dieron una serie de protestas y paros cívicos por parte de campesinos y trabajadores petroleros que exigían políticas públicas para acceder a educación y salud, así como la construcción de vías de comunicación entre Arauca, Norte de Santander y Santander. 

Y aunque se llegaron a acuerdos con el gobierno, el incumplimiento y la represión a las manifestaciones aumentaron la tensión entre campesinos e institucionalidad. 

En ese contexto comenzó la incursión de grupos armados en la región, primero del ELN, que se consolidó con fuerza en Saravena, Tame, Arauquita y Fortul, pues varios dirigentes campesinos coincidieron con su discurso e incluso se unieron a sus filas. Allí consolidaron el Frente Domingo Laín y realizaron sus primeras acciones militares en 1980. 

Entre 1978 y 1979, comenzaron a llegar los primeros integrantes de las Farc y, a finales de 1979, estaban ya consolidados, agrupados en el Frente Guadalupe Salcedo o Frente 10. Luego, con el objetivo de copar el control territorial de Arauca y Boyacá, se crearon los frentes 28, 38 y 45, que luego integrarían el Bloque Oriental. 

En los 80 hacían ya presencia esos dos grupos, así como el EPL, y dada la ausencia estatal, lograron acercarse a la población, hicieron trabajo de base, se insertaron en las dinámicas comunitarias, regularon la vida cotidiana y se impusieron como autoridad con legitimidad social. 

Eso llevó a una estigmatización y persecución de la población civil y sus movilizaciones por parte de las Fuerzas Armadas, así como a una arremetida contra estas por parte de las guerrillas, que comenzaron a controlar también actividades ilícitas fronterizas. Además, cobraban extorsiones a empresas petroleras y, en la década de los 90, cuando la economía cocalera tuvo su auge, también controlaron ese negocio. 

En 1983 se descubrió el yacimiento petrolero de Caño Limón, entre Arauca y Arauquita, y con ello, tierras que habían sido declaradas para la protección ambiental, como resguardo indígena y para la agricultura, fueron declaradas para la explotación petrolera. 

Aunque en un primer momento la industria generó expectativa por los recursos que comenzó a generar, eso nunca se tradujo en bienestar para la población civil, como lo plantearon Carlos Beristain y Saul Franco, ex comisionados de la verdad, en el documental ‘El río Arauca y la frontera’.

Con ello, las rentas del petróleo comenzaron a interesar a las guerrillas, sobre todo al ELN, que comenzó a secuestrar a ingenieros y operadores de los oleoductos, al tiempo que atacaba la infraestructura con el discurso de frenar la explotación por su impacto ambiental. 

En los 80 arreciaron los enfrentamientos entre guerrillas y la Fuerza Pública, y en los 90 se consolidó la economía de la coca, particularmente en el Sarare. Esta y el petróleo fueron dos industrias cuyas rentas sirvieron para el fortalecimiento de las guerrillas, que cada vez hicieron más estricto y violento su control de la población civil. 

En ese contexto llegó el proyecto paramilitar a Arauca, con una particularidad: a diferencia de otras regiones, en ese departamento no había habido grupos paramilitares previos consolidados, por lo que para crear el Bloque Vencedores de Arauca, las AUC llevaron combatientes desde Meta y Casanare. 

Entre 2000 y 2001, el Bloque hizo su incursión por el sur del departamento; se aliaron con narcotraficantes para controlar las rutas de exportación de cocaína y comenzaron los ataques a la población civil por considerarlos auxiliadores. 

Sin embargo, y a pesar de tener presencia en 108 de las 206 veredas del departamento y de tener alianzas con la Fuerza Pública, el proyecto paramilitar no se pudo terminar de consolidar por la fuerte y profunda presencia guerrillera. 

Entre 2004 y 2005 se desmovilizaron las estructuras paramilitares de Arauca y los vacíos de poder que dejaron se convirtieron en territorios de disputa entre las guerrillas, así como grupos residuales de paramilitares como las Águilas Negras y el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia.

Desde 2005 se generó un enfrentamiento entre las Farc y el ELN por la hegemonía del departamento y las rentas de la coca y el petróleo. Ese enfrentamiento derivó en la estigmatización de la población civil, acusada por ambos bandos de pertenecer a la base social del otro. Se persiguieron con particular fuerza las organizaciones sindicales y campesinas, así como las Juntas de Acción Comunal. 

Eso hasta que en 2011 se firmó un pacto de no agresión entre las Farc y el ELN, donde además buscaron reparar a la población civil, sin mucho compromiso ni éxito. 

Con la desmovilización de las Farc en el 2016 se generó un nuevo ciclo de violencia protagonizado por el ELN, los Pelusos, las disidencias de las Farc y la Fuerza Pública, que se mantiene hasta hoy.  

Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

“La paz siempre está ahí, solo que debemos encontrarla y acomodarnos a ella desde todos los referentes sociales”

— Andrés Sepúlveda

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Andrés Sepúlveda es, también, consejero municipal de juventud en Segovia, Antioquia. / FOTO: Cortesía

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

Como líder juvenil, Andrés ha promovido, desde que estaba en el colegio, distintos espacios para jóvenes de su municipio. 

En sus últimos años de colegio, Andrés fue elegido personero y, desde allí, promovió espacios de discusión alrededor de tres temas principales, respondiendo a las necesidades e intereses de sus compañeros: salud sexual y reproductiva, salud mental y gobierno escolar. 

Previo a la llegada de la pandemia, se dispararon los números de suicidios y de intentos de suicidio entre jóvenes y niños, así como de casos de embarazo adolescente y de contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

Por ello, en articulación con la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia, generó espacios de atención psicosocial y de divulgación de las rutas de acción en casos de intentos de suicidio, así como jornadas de capacitación alrededor de derechos sexuales y reproductivos, género y otros temas, 

De la misma manera, y con la intención de “construir ciudadanos activos y conscientes de su papel en la sociedad y en la región”, Andrés creó y lideró espacios para promover el gobierno escolar y, desde allí, otros espacios de participación juvenil a nivel municipal y departamental.  

Con ese mismo propósito de fortalecer la participación juvenil en espacios de toma de decisión y de generar conciencia entre los jóvenes acerca del impacto que pueden tener en la democracia y el territorio, Andrés ha realizado recorridos en todos los municipios de la subregión del Nordeste Antioqueño, dando a conocer figuras como los Consejos Municipales de Juventud, así como impulsando la generación de procesos organizativos.

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Para Andrés, uno de los principales obstáculos para la construcción de paz en su municipio y región es la violencia hacia líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

Según datos de la Defensoría del Pueblo, durante el 2022, año en el que reportó la cifra más alta de asesinatos de líderes desde que comenzó su registro en 2016, con un total de 215 casos, Antioquia concentró 22, siendo el tercer departamento con más casos reportados después de Nariño (35) y Cauca (26). 

Por su parte, el listado de líderes asesinados en 2022, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, de los 189 casos presentados el año pasado, 20 tuvieron lugar en Antioquia.

De la misma manera, según el boletín más reciente de Somos Defensores, solo entre julio y septiembre de 2022, en Antioquia se presentaron diez casos de agresiones a líderes sociales que incluyeron asesinatos, amenazas y atentados. 

Por otra parte, Andrés asegura que hacen falta oportunidades de educación superior, técnica y tecnológica, y profesional, así como fortalecer la educación en colegios. Con él coincide este informe de ProAntioquia, que incluye al Bajo Cauca y al Nordeste Antioqueño, así como al municipio de Segovia en específico, como uno de los territorios donde “es más necesario focalizar esfuerzos pertinentes de mejoramiento de la calidad educativa”. El municipio, además, cuenta con una de las tasas más bajas de cobertura en educación media, con un 23%. 

Por su parte, el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023, asegura que el Nordeste Antioqueño tiene una cobertura bruta en educación superior del 4,7%, mientras que el Bajo Cauca cuenta con una de 12,4%. Esa tasa mide el porcentaje de estudiantes matriculados en programas de educación superior, con respecto a las personas que están edad de acceder a ella. 

Asimismo, Andrés considera la cultura y el deporte como herramientas para la construcción de paz por la posibilidad de encuentro y de fortalecimiento de vínculos comunitarios que suponen, por lo que considera que es fundamental el mejoramiento y la construcción de más escenarios para estas actividades.  

Según datos del Observatorio de Danza de Antioquia, el municipio de Remedios es el único de los diez que conforman el Nordeste Antioqueño que cuenta con un espacio dotado por el Ministerio de Cultura para la práctica de actividades como la danza y otras actividades culturales. En Segovia específicamente, la Casa de la Cultura se encuentra cerrada por deterioro en su infraestructura. 

Sobre la subregión del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño está conformado por los municipios de Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza, en Antioquia. 

Según este informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la región del Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño ha estado marcada por la explotación aurífera y minera desde la colonia, pero con particular intensidad desde 1950 y los procesos de colonización campesina que tuvieron lugar entonces. Durante esos años llegaron a la región campesinos del sur de Bolívar y de otras partes de Antioquia, impulsados por la ‘fiebre del oro’ y huyendo de la violencia partidista. 

La región, además de ser rica en recursos naturales, ha sido de gran interés por parte de grupos armados por su posición estratégica: es parte de un corredor que va desde el Catatumbo hasta el Urabá, además de servir como conexión entre el interior del país y el Caribe. 

Allí, entonces, han hecho presencia grupos como el ELN, el EPL, las Farc, grupos paramilitares como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y las AUC con su Bloque Mineros y Bloque Central Bolívar, así como bandas criminales como Los Paisas, Los Rastrojos y Los Urabeños. 

El ELN fue la primera guerrilla en entrar al territorio, a finales de los 60 con el frente Camilo Torres, con interés en la producción de oro y con el discurso de ‘detener el saqueo de los recursos’ y cambiar las condiciones de explotación minera del Estado. 

Durante los años 80, esa guerrilla se unió a las Farc, que aparecieron en la región en 1973 con los frentes 5, 18 y 36, y con el EPL, que llegó en los 80 con el frente Francisco Garnica y que tuvo al municipio de Caucasia como uno de sus bastiones. Allí comenzó un profundo accionar conjunto contra el Ejército, las instituciones financieras locales, empresas mineras, así como acciones como secuestros y extorsiones a hacendados, ganaderos y pequeños mineros. 

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Además de las apuestas juveniles, en esta zona PDET también están proliferando los mecanismos de asociatividad. En el valle del río Cimitarra, por ejemplo, las comunidades usan este modelo para apostarle a los cultivos de cacao y de café. / FOTO: Cortesía

La década de los 90, con la desmovilización del EPL, en 1991, se caracterizó por la coexistencia entre las Farc y el ELN, que se dividieron el territorio y se asentaron en márgenes opuestos del río Cauca.

Durante esa misma década, así como a finales de los años 80, surgieron los primeros grupos paramilitares: primero el Muerte a Revolucionarios del Nordeste y luego las Autodefensas del Nordeste Antioqueño. Sin embargo, la consolidación del proyecto paramilitar se dio en 1996 con la llegada de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá.

Más tarde se consolidaron las Autodefensas Unidas de Colombia en la región, a partir de la creación, en el municipio de Tarazá, del Bloque Central Mineros, que tuvo desde su fundación estrecha relación con el narcotráfico, que fue su principal fuente de financiación, junto con la minería. 

Además, la estructura tuvo también una estrategia para ganarse la simpatía de la población civil a través de acciones como la financiación de procedimientos médicos, comedores comunitarios, construcción de parques y remodelación de iglesias. Como lo menciona el informe de la FIP y la OIM, ganaderos, mineros y madereros de la región, así como la Fuerza Pública, fueron cercanos a la estructura. 

De la misma manera, el Bloque Central Bolívar, que se independizó de las AUC en el 2002, tuvo presencia en la región y se financió del narcotráfico, la explotación de oro y las extorsiones. 

Debido a esa incursión paramilitar, durante los años 90 y el principio de la década del 2000, los grupos guerrilleros registraron niveles mínimos de acción en la región. El ELN fue debilitado por los paramilitares y las Farc adquirieron mayor protagonismo, a lo que el Ejército respondió concentrando sus ataques sobre esa organización. 

Con la desmovilización de los paramilitares, entre 2005 y 2006, se dio de nuevo un fortalecimiento guerrillero, alimentado también por alianzas con bandas criminales residuales del proceso de desmovilización, que sin embargo fue contrarrestado por el Ejército. 

Hoy, luego de la desmovilización de las Farc, en la región hacen presencia varios grupos armados que se disputan el territorio por su geografía estratégica, los cultivos de coca, las rutas y rentas  de narcotráfico y minería de oro. Entre ellos, según este informe de la Procuraduría, se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, Los Caparros, el Frente 36 de las disidencias de las Farc, el ELN y bandas criminales como Los Rastrojos y Los Paisas.  

Catatumbo

“Hay que masificar las voluntades hacia la transformación en un territorio tan diverso, extenso y bello como el Catatumbo”

— Albaluz Trigos

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Albaluz Trigos es directora y fundadora de la Red de Mujeres del Catatumbo. / FOTO: Cortesía

Es defensora de derechos humanos, directora y fundadora de la Red de Mujeres del Catatumbo. Estudió administración de empresas y tiene una especialización en derechos humanos. Fue docente en las Unidades Tecnológicas de Santander, donde creó las Cátedras de Paz. También fue directora de la Asociación de Personeros del Catatumbo y desde allí participó en la creación del Observatorio Integral de Paz y Derechos Humanos de Norte de Santander. 

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

Albaluz comenzó con su liderazgo a los 15 años, cuando trabajó en jornadas con la Cruz Roja Colombiana realizando acciones humanitarias con juventudes de su territorio en medio del conflicto armado. Durante su paso por el colegio y la universidad siempre fue muy activa en la denuncia de desigualdades y brechas sociales en Ocaña, el municipio de Norte de Santander donde nació. 

Desde entonces ha liderado diversos procesos para hacer frente a las brechas sociales en la región, aquellas entre la ruralidad y lo urbano, y la falta de oportunidades. De la misma manera, desde la Red de Mujeres del Catatumbo, que hoy integran más de 400 mujeres de la región, se ha encargado de visibilizar las afectaciones particulares que ha tenido el conflicto armado sobre las mujeres. 

Además, ha producido informes como “Voces de mujeres del Catatumbo”, donde 195 mujeres relatan y reflexionan sobre los impactos del conflicto armado en sus vidas. Ese informe fue presentado ante la Justicia Especial para la Paz como insumo para sus procesos investigativos y judiciales. 

Desde esa organización también ha abogado por la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana y ha generado acciones para la prevención de las violencias basadas en género, al tiempo que ha facilitado espacios pedagógicos alrededor de las rutas de atención para dichos casos y la autoprotección y el cuidado.

Y es que, el último informe publicado por el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander reporta 830 casos de Violencias Basadas en Género durante todo el 2021.  79% de las víctimas dijeron haber sufrido hechos de violencia física,  96% violencia psicológica, 88% violencia sexual y 44% violencia económico-patrimonial. Del total de víctimas, el 97% son mujeres cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans; mientras que el 3% restante corresponden a hombres gays, bisexuales o pansexuales.

De la misma manera, el informe reporta un índice de revictimización por parte del Estado y/o a nivel social del 63%. Ninguna de las víctimas de violencia económico-patrimonial accedió a servicios de salud por este tipo de agresiones, solo el 8% de las víctimas de violencia física lo hicieron, así como el 13% y el 12% de víctimas de violencia sexual y psicológica, respectivamente. 

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Teniendo en cuenta lo anterior, Albaluz sostiene que uno de los elementos que hacen falta para la consolidación de la paz en su territorio tiene que ver con la prevención de Violencias Basadas en Género, así como con la efectividad y seguridad de las rutas de atención institucionales cuando se presentan los casos. 

De la misma manera, según cuenta Albaluz, es urgente realizar procesos de diálogo y acuerdos humanitarios con los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región: el ELN, un reducto del EPL, el Frente 33 de las disidencias de las Farc y otros grupos como Los Rastrojos y Los Pelusos. La presencia de estos grupos es tal, que se han visto circulando y patrullando por las cabeceras de municipios como Tibú, como lo muestra este video

Además de ser actores militares, los grupos buscan ser autoridades sociales, por lo que además de esos patrullajes realizan acciones como castigos a ladrones, abusadores o vendedores de droga, como lo señala el portal Insight Crime. De la misma manera, y dada la condición fronteriza de la región, todos esos grupos se disputan el territorio por el control de las rutas hacia Venezuela y las rentas del narcotráfico y los grandes cultivos de coca. 

Según el último informe de monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, el Catatumbo es la segunda región con mayor concentración de cultivos de coca en el país, aportando el 21% del total nacional, que corresponden a 42.576 hectáreas. El 52% del total regional se concentra en el municipio de Tibú. Allí, también, es donde se concentra la mayor parte de la pérdida en cobertura arbórea de la región, según datos del Global Forest Watch: 12.200 hectáreas solo en 2021. 

Por otra parte, la extracción minera, una industria profundamente permeada por la ilegalidad, es otro obstáculo que Albaluz identifica en el proceso de construcción de paz. Según este informe realizado por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, y otras instituciones, en el Catatumbo la expedición de títulos mineros muchas veces implica la emergencia de conflictos socioambientales. Eso dado que a la presencia de grupos armados interesados en las rentas de la actividad se suman consecuencias como la contaminación de fuentes hídricas y desplazamiento de colonos, campesinos e indígenas del pueblo Motilón-Barí, habitante ancestral de la región, así como la afectación de su resguardo.

Sobre la subregión del Catatumbo

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Catatumbo está conformado por los municipios de Convención, El Tarra, Hacarí, El Carmen, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en Norte de Santander. 

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, el Estado llegó por primera vez al Catatumbo para promover y consolidar la industria petrolera. En 1905, el gobierno de Rafael Reyes otorgó la primera ‘licencia’ de exploración y explotación de petróleo y comenzó la promulgación de varios otros contratos y concesiones para explotar el recurso.

Allí, sin embargo, habitaba el pueblo Motilón Barí, que fue concebido como una amenaza para la industria, por lo que mediante la cláusula XIX B de la Ley 80 de 1931, el gobierno se comprometió a prestar “a las compañías contratantes la protección debida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de motilones o salvajes que moran en las regiones de las que hacen parte los terrenos materia de este contrato, lo que hará por medio de cuerpos de Policía armada o de la fuerza pública en cuanto sea necesario”. 

Los Barí, entonces, “fueron invadidos, violentados y desterrados, con la autorización del Estado”, dice el Informe de la Comisión, que agrega también que ese proceso de violencia contra la comunidad indígena se profundizó con la llegada de colonos. 

En torno a esta industria comenzó luego, durante los años 40, un proceso de colonización espontánea de campesinos de departamentos como Boyacá, Arauca, Santander y Antioquia, cosa que motivó, a su vez, el surgimiento de diversos procesos organizativos alrededor de las Juntas de Acción Comunal, de gran relevancia y legitimidad en el Catatumbo, así como de organizaciones como la Unión Sindical Obrera, que nació oficialmente en Tibú en 1976. 

El ELN, que nació en 1964 en San Vicente de Chucurí, Santander, realizó su primera acción en Tibú en 1978. 

Además, en municipios como El Carmen había cercanía entre la guerrilla, líderes sociales liberales y la sociedad civil, pues ante la ausencia del Estado, en muchos casos, o presencia selectiva y violenta, en otros, la guerrilla encontró un discurso para asentarse. 

Catatumbo
Las mujeres víctimas del conflicto en el Catatumbo han encontrado en la unión un mecanismo para hablar sobre los efectos que ha tenido este en sus vidas y trabajar en formas de sanar. / FOTO: Cortesía

De la misma manera, el EPL ya hacía presencia a comienzos de los 80, cuando, desde Arauca, comenzaba también a entrar la guerrilla de las Farc. 

Esos tres grupos se asentaron en la región y se constituyeron como autoridades sociales, en muchas ocasiones con profunda legitimidad. Comenzaron a cobrar extorsiones a las compañías petroleras, así como a controlar las actividades ilegales que se desarrollaban en la frontera. Además, cuando en los 90 tuvo un auge la economía cocalera, estos grupos comenzaron a controlarla como fuente de financiación y de fortalecimiento. 

Las Farc, el ELN y el EPL se fortalecieron gracias a la coca, la minería ilegal y las extorsiones a las petroleras, así como a su buena relación y su accionar conjunto a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que surgió en 1987. Esto generó una profunda arremetida contra la población civil para ejercer control social y la falta de capacidad estatal para contrarrestarlo: un caldo de cultivo para el paramilitarismo, que llegó a finales de los años 90. 

Personas de la élite que habían sido afectadas por la violencia guerrillera apoyaron y financiaron a grupos de Convivir, así como a otros ilegales como Muerte a Secuestradores, la Sociedad de Amigos de Ocaña, los escuadrones de la muerte de La Mano Negra y las Autodefensas Unidas de Colombia. 

Como registra la Comisión de la Verdad, en su informe, el Bloque Catatumbo, el Bloque Móvil y el Bloque Norte de las autodefensas fueron financiados por empresarios, comerciantes, ganaderos, arroceros y funcionarios de Ecopetrol, así como por la Fuerza Pública. 

De esa manera comenzó una violenta campaña contrainsurgente, que se ensañó con particularidad sobre la población civil, estigmatizada de colaborar con los grupos guerrilleros, o con los grupos paramilitares por parte de la guerrilla. 

Con la desmovilización de las AUC, entre 2004 y 2005, surgieron nuevos grupos como Los Rastrojos y Los Urabeños, que hoy se disputan el territorio con grupos de disidencias de las Farc, particularmente el Frente 33, así como con un reducto del EPL, que se desmovilizó oficialmente en 1991, y el ELN.  

Chocó

“Para nosotros la paz es andar por el territorio sin encontrarse con ningún problema, saber que podemos caminar por 5 o 6 horas y vamos a regresar”

— Hugo Neth Bailarín

Hugo Bailarín
Hugo Bailarín es comisionado de juventudes ante la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. / FOTO: Cortesía

Hugo es indígena embera eyabida, parte de la comunidad Tumburrula y habitante del resguardo Tanela, en el municipio de Unguía, al norte del Chocó. Es comisionado de juventudes ante la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó y desde allí se ha dedicado a visibilizar y denunciar problemáticas que aquejan a los jóvenes de su región, así como las afectaciones al medio ambiente. Además, desde la firma del Acuerdo se ha dedicado a generar procesos pedagógicos alrededor de cada uno de sus puntos.

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

Hugo se ha dedicado a la promoción y realización de asambleas, charlas y talleres a nivel local a las que atienden jóvenes, representantes de las mesas indígenas, representantes de organizaciones sociales, sabedores tradicionales y otros miembros de la comunidad. A través de ellas se realizan jornadas de sensibilización de las problemáticas que aquejan con particular intensidad a los jóvenes, especialmente el reclutamiento forzado. Este es especialmente intenso en el Chocó, departamento que, según este informe del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, es el tercero con más reclutamiento entre niños, niñas y adolescentes en todo el país, con un total de 144 casos entre 2017 y 2020. 

Esas reuniones crean conciencia entre la comunidad acerca de la problemática y la afectación específica que tiene sobre los jóvenes, algo que además ha derivado en otros problemas como el aumento de los casos de suicidio de quienes evitan ser reclutados (algo que indica esta investigación de El Espectador). Además, de esos espacios surgen informes acerca de la situación para presentar ante las autoridades. 

Por otro lado, Hugo se ha encargado de promover buenas prácticas agrícolas, muy arraigadas dentro de las tradiciones indígenas, con el objetivo de armonizar la economía local con la conservación del bosque tropical. Se incentiva, por ejemplo, la creación de zonas específicas de siembra para dejar que la tierra descanse una vez se recoge la cosecha.

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Si bien Hugo ha organizado diversas reuniones y encuentros comunitarios para dar visibilidad a las diversas problemáticas, también dice que la presencia de grupos armados como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, que son los grupos predominantes en la región, y su constante disputa por el territorio, ha dificultado mucho la realización de los espacios, así como intensificado las afectaciones a la comunidad. 

Para Hugo es fundamental adelantar diálogos con los grupos armados que están en el territorio, partiendo de un enfoque diferencial que reconozca las afectaciones sobre los pueblos indígenas. De igual manera, es clave tener en cuenta que se trata un territorio fronterizo que colinda con Panamá y en donde la migración irregular, particularmente intensa en estos últimos meses, ha alimentado otras economías ilegales que contribuyen en la profundización de la violencia. 

Además, la guerra ha derivado en el despojo del territorio de las comunidades indígenas locales y “un indígena sin territorio, no es indígena” dice Hugo. Por ello, insiste en que es fundamental la implementación integral del punto uno del Acuerdo de La Habana y con ello el inicio de una reforma rural integral que permita a las comunidades volver a su territorio, cultivarlo y tener garantías para la comercialización de los productos que cosechan.

Eso teniendo en cuenta que, según este artículo escrito por Juan David Zuluaga, especialista en vías y transporte, y Diego Escobar, doctor en Gestión del Territorio e infraestructuras del transporte, para el 2016 el departamento del Chocó contaba con un de índice de kilómetros de carretera por área de 0,01 Km/Km2. De la misma manera, según el Índice Departamental de Competitividad, para 2022, Chocó cuenta 0,37 kilómetros de vías pavimentadas por cada 100 kilómetros cuadrados de territorio.

Sobre la subregión del Chocó

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Chocó está conformado  por  los municipios de Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral del San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, Novita, Riosucio, Sipí, Unguía, en Chocó y Murindó y Vigía del Fuerte, en Antioquia.

El Pdet del Chocó divide en dos al departamento: la parte norte, que comprende fundamentalmente la cuenca media y baja del río Atrato, desde Medio Atrato hasta Acandí, y la parte más sur, desde El Litoral del San Juan hasta Condoto y la parte norte de Istmina. 

El departamento, así como la región Pacífica en general, ha sido habitado por pueblos indígenas que, sin embargo, fueron en buena parte exterminados durante la Colonia. Considerados ‘salvajes’ que había que ‘civilizar’, los pueblos fueron violentados por la Iglesia Católica y usados como mano de obra esclava para la extracción de oro. 

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, solo en el alto Chocó, la población nativa se redujo de 40.000 individuos a 3.850 en 150 años. 

Tras ese exterminio indígena, los colonizadores recurrieron a la explotación de cuadrillas de hombres y mujeres afro que trajeron esclavizados desde África y, para el siglo XVII, la población esclavizada de África llegó a los 15.000 individuos en la región, algo que fue fundamental para el financiamiento del Virreinato de la Nueva Granada. 

Comenzaron a darse, sin embargo, procesos de cimarronaje, en los que esclavos se enfrentaban o huían de los colonizadores para formar pueblos libres dentro de la selva o en las riberas, donde adaptaron la memoria africana al nuevo entorno e hicieron suyo el territorio. 

A finales del siglo XIX  llegaron los primeros comerciantes foráneos en busca de materiales como el caucho y la tagua, que dada la industrialización, comenzaron a adquirir gran valor. Comenzó también la industria maderera, requerida por élites blancas asentadas en Quibdó y otros puntos de la región, así como la extracción industrial de oro y platino. 

Con ello se dieron las primeras manifestaciones proletarias y sindicales en la región, que reclamaban por el despojo de tierras y la destrucción del territorio.

Asimismo, en la década de los sesenta comenzó un proceso de colonización espontánea por parte de campesinos que, despojados de sus tierras por la violencia partidista, llegaron al territorio en busca de oportunidades. 

Más tarde, entre los años 70 y 90, según relata la Comisión de la Verdad, llegaron al territorio el EPL, las Farc, el ELN y el M-19 desde municipios en la cordillera occidental y el Urabá Antioqueño. Desde entonces comenzaron las tensiones con comunidades indígenas y afro por el despojo y explotación de sus tierras ancestrales. 

Las Farc, particularmente, consolidaron su presencia en el norte del Chocó con el frente 5 y más tarde los frentes 34 y el 57, aprovechando los reclamos del campesinado y estableciendo relacionamientos con la comunidad a partir de la intimidación y el miedo. Y engrosaron sus filas con jóvenes indígenas y afro con engaños, amenazas y reclutamiento forzado.

Además, a mediados de los años 80 se conformaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias Indígenas del Pacífico (Farip), apoyadas por el frente 34 de las Farc. 

El ELN, por su parte, se asentó más al sur del departamento, en el alto y medio Atrato, y en los años 90 conformó el frente de Benkos Biohó, una guerrilla netamente negra con la que, así como las Farc con las Farip, buscó en el componente étnico una estrategia para seguir consolidándose en ese territorio. 

Por otro lado, la presencia paramilitar en el Chocó se hizo sentir desde mediados de los 80, cuando Fidel Castaño ingresó por Unguía con un grupo llamado ‘Los Tanela’ buscando contrarrestar al frente 5 de las Farc. 

Durante los años 90 se dio el ingreso de grupos de seguridad privada auspiciados por empresarios, comerciantes, mineros, ganaderos, además de la financiación de narcotraficantes, y a partir de allí se crearon grupos como el Frente Mineros, el Frente Pacífico y más tarde el grupo Héroes del Chocó, que contaron con el apoyo de la Fuerza Pública para aumentar su despliegue y su poder militar. 

Esos tres grupos paramilitares se unieron en 2002 para crear el Bloque Pacífico – Héroes del Chocó, de las AUC, que operó hasta 2005. Sus acciones, dice la Comisión de la Verdad, buscaron defender los intereses de las élites regionales, expandir sus capitales y consolidar un modelo de desarrollo fundamentado en el despojo a través de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos. Además tuvieron presencia el Bloque Elmer Cárdenas y el Bloque Calima, también de las AUC. 

La concurrencia de todos esos grupos derivó en una violencia sin precedentes que tuvo su epítome, el 2 de mayo de 2002, cuando ocurrió la masacre de Bojayá, en la que, en un enfrentamiento entre las Farc y paramilitares, fueron asesinadas 79 personas que se refugiaban en la iglesia del pueblo, a causa de la explosión de una pipeta de gas lanzada por las Farc. 

Otras 13 personas murieron durante los enfrentamientos y seis personas que estuvieron expuestas la explosión murieron de cáncer en años siguientes, como indica Rutas del Conflicto.

Entre 2004 y 2006 se dio la desmovilización de los grupos paramilitares que hacían presencia en la región y comenzó una lucha, sobre todo, por las rutas y rentas del narcotráfico, entre las Farc, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y los Rastrojos, estos últimos grupos residuales del proceso de desmovilización. 

Después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, el ELN se ha quedado con el control de la mayor parte de las rentas de la minería ilegal, la extracción maderera y el narcotráfico, siempre en disputa con el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. 

Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

“Nadie más que nosotros mismos que habitamos la región podemos reconstruir el territorio”

— Franklin Castro

Franklin-Castro
Franklin Castro se ha dedicado a la recuperación de la identidad campesina en Belén de los Andaquíes después de la guerra. / FOTO: Cortesía

Nació en San Vicente del Caguán pero hace 10 años que vive en Belén de los Andaquíes, ambos municipios de Caquetá. Desde la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas y el Consejo Territorial de Paz, Franklin se ha dedicado a la recuperación de la identidad campesina después de la guerra, así como a cambiar la narrativa alrededor de su departamento. Además, a través de mecanismos creados por la Ley 1448, ha participado en la llegada al territorio de espacios de atención psicosocial a víctimas y restitución de derechos.

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

Franklin ha trabajado en tres ejes fundamentales. El primero ha sido la reforma rural y el fortalecimiento del campo, que ha abordado en articulación con diversas organizaciones de víctimas del municipio y sus veredas. Con ellas ha logrado conseguir maquinaria de parte del Estado para la tecnificación de procesos agrícolas como el arado, con lo que han podido retomar la agricultura como vocación productiva. 

Relacionado con ello, Franklin también ha incidido en la reactivación económica del departamento a través alianzas con la emisora comunitaria y la Escuela Audiovisual de Belén. Juntos han generado contenidos para cambiar la narrativa que asocia al Caquetá con la violencia y construir una nueva alrededor de lo positivo que tiene el departamento y así mostrarlo como “un territorio agradable y, por ejemplo, propenso para el turismo”. 

Asimismo, ha gestionado espacios de acompañamiento y atención psicosocial con los que ha podido reconocer y tramitar una dimensión de la afectación por la guerra que les era antes desconocida: la psicológica. Con ello, además, ha logrado encauzar a su comunidad hacia la reconciliación y a trabajar por la reincorporación integral de los firmantes de paz. 

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Para Franklin continuar con la tecnificación del sector agropecuario es fundamental. Por un lado, para poder incrementar la producción de materia prima, pero también, y primordialmente, para transformarla en productos con valor agregado. 

Eso teniendo en cuenta el potencial que tiene la región en cuanto a producción de frutos exóticos amazónicos que, según la Asociación Hortifrutícola de Colombia, equivalen a no más del 3% de las frutas que se comercializan a nivel nacional, por lo que es un mercado poco explorado pero con potencial de consolidarse. Eso dado que son frutos con múltiples beneficios para la salud y por los que el consumidor está dispuesto a pagar más de 20.000 pesos por kilo, que es el valor aproximado en el mercado de frutos como el copoazú, el camucamu y el asaí. 

En este artículo el Instituto Sinchi recopila algunas experiencias exitosas de creación de cadenas productivas con organizaciones hortofrutícolas en la Amazonía. En ellas el instituto se encarga de proveer el acompañamiento tecnológico y las organizaciones su experiencia comercial para producir y vender  pulpas, néctares, mermeladas, frutas deshidratadas, salsas, bocadillos y licores derivados de frutos de la región. 

De la misma manera, Franklin sostiene que es importante poder consolidar proyectos educativos que respondan a las necesidades particulares de los habitantes de la región y, en ese sentido, que formen a los jóvenes en disciplinas que permitan fomentar el aprovechamiento del territorio y su biodiversidad, sin que eso signifique comprometer su conservación o modificar sus vocaciones productivas. 

Sobre la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Caquetá está conformado los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Currillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso, en Caquetá, y Algeciras en Huila. 

Caquetá, un departamento amazónico, ha sido habitado desde hace milenios por una diversidad de pueblos indígenas, que, sin embargo, fueron esclavizados y en algunos casos exterminados en un proceso que comenzó a mediados del siglo XIX cuando llegaron las primeras caucherías al territorio y que llegó a su peor momento cuando Julio Cesar Arana monopolizó el negocio e inauguró, a principios del siglo XX, la Casa Arana. 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Casa Arana fue responsable del exterminio, a través de asesinatos, torturas, trabajo forzado hasta la muerte y otras prácticas, de más de 80.000 indígenas de etnias como Uitoto, Bora, Okaina, Muinane, Andoque, Nonuya, Miraña, Yukuna, Matapí, entre otras. 

Más adelante, según relata el Informe Final de la Comisión de la Verdad, a mediados del siglo XX, Caquetá fue uno de los territorios a los que llegaron cientos de campesinos motivados por los procesos de colonización dirigida que se dieron desde el Estado en el marco de intentos de reformas agrarias. 

Esas reformas, sin embargo, en donde no estuvo contemplada la construcción de infraestructura para la población ni la provisión de derechos fundamentales como la salud y la educación, generó malestar entre el campesinado colono y lo motivó a organizarse y a vincularse en procesos como la el de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Desde allí, particularmente en los 70, se organizaron múltiples movilizaciones y paros para reclamar derechos y condiciones de vida dignas. 

Para finales de esa década, Caquetá se convirtió en uno de los departamentos donde narcotraficantes establecieron cultivos de coca para la su procesamiento, transformación y comercialización como cocaína, una economía a la que, dada la falta de otras oportunidades, se vincularon buena parte de los colonos y que también motivó la llegada de otras olas de migrantes. 

En ese contexto comenzaron a llegar distintas guerrillas al territorio. Para 1978, El M-19 tenía ya presencia en el departamento, así como base social en las cabeceras de algunos municipios. Sin embargo, fue solo desde 1981 que se intensificaron sus actividades militares. En esos años también incursionó el EPL. 

Las Farc, por su parte, se habían ubicado desde los sesenta en la ribera del río Pato y en los 80 se consolidaron en el departamento y la Amazonía en general. En esa década crearon en Caquetá los frentes 14, 15 y 49 en una estrategia por dominar el sur del país por considerarla fundamental en su objetivo de expansión y toma del poder nacional.  

En los 90, las Farc, ya consolidada como autoridad social en la región, adquirió todavía más poder gracias al cobro de impuestos y extorsiones alrededor de la producción y comercialización de la cocaína, y a la subsecuente expansión militar que eso les permitió. 

Eso, a su vez, significó una intensificación en las acciones violentas contra las personas que levantaron su voz contra la guerrilla: indígenas, políticos, campesinos, mujeres, jóvenes y todo tipo de persona que estuviera en contra de la guerrilla era perseguida y asesinada. Además aumentaron las acciones militares contra la Fuerza Pública, como la de la quebrada de El Billar, donde asesinaron a 61 soldados y secuestraron a 43. 

Asimismo, las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron a Caquetá en 1997 y se establecieron en el sur del departamento por ser un corredor para el tráfico de coca con Putumayo, y porque allí no había presencia guerrillera permanente. Allí se consolidaron con el Frente Sur de los Andaquíes, fue responsable de miles de asesinatos y desapariciones. 

En ese contexto se instalaron los diálogos de ‘El Caguán’, el 7 de diciembre de 1999, y con ellos se creó una zona de distensión de 42.000 kilómetros entre los municipios de Mesetas, La Macarena, La Uribe y Vistahermosa, en Meta, y San Vicente del Caguán en Caquetá. 

El gobierno sacó toda presencia institucional y las Farc consolidaron un régimen que sustituyó al Estado y se convirtió en autoridad absoluta de la cotidianidad de las personas. Además, usaron el territorio para fortalecer su poderío militar, cometer múltiples tipos de violencia, esconder secuestrados, planear ataques y engrosar sus filas a las decenas de miles de combatientes, en muchos casos reclutados de manera forzosa. 

Esos hechos violentos, sumados al asesinato del congresista Diego Turbay y su madre, así como el secuestro de Jorge Eduardo Gechem Turbay y a la presión de la opinión pública, llevaron al entonces presidente Andrés Pastrana a poner fin a la zona y al proceso de paz en febrero de 2002. Unos días después Ingrid Betancourt y Clara Rojas fueron secuestradas en San Vicente del Caguán. 

El gobierno emprendió una campaña militar, con profundos vínculos con grupos paramilitares y fortalecido por la ayuda internacional a través del Plan Colombia, para la retoma de la zona de distensión y comenzó uno de los periodos más violentos del conflicto armado en Colombia. 

Si bien la campaña fue efectiva en su objetivo de debilitar a las Farc, se cometieron miles de arbitrariedades y abusos contra la vida y la integridad de la población civil. Eso, sin embargo, no solo de parte de la Fuerza Pública, sino de las Farc, que al verse diezmadas, endurecieron su control sobre la población civil para evitar cualquier tipo de contacto con la Fuerza Pública a través, por ejemplo, de la instalación de cientos de miles de minas antipersona en el piedemonte caqueteño. 

En el 2006 se desmovilizó el Frente Sur de los Andaquíes y con ello las Farc se impusieron como principal actor armado ilegal y autoridad, incluso a pesar del surgimiento de grupos residuales como las Águilas Negras, así como de la intensa campaña por parte de la Fuerza Pública por debilitarlas. 

Con la posterior desmovilización de las Farc, hoy permanecen en el territorio grupos de disidencias de la antigua guerrilla, particularmente miembros de la estructura ‘Armando Ríos’, comandada por ‘Iván Mordisco’. 

Macarena - Guaviare

“Queremos dar a conocer la belleza que tiene nuestro departamento, nuestro municipio, nuestro rinconcito acá”

— Yasmin López Carrillo

Yasmin López es representante de la Asociación de Víctimas y Poblaciones Vulnerables de La Libertad. / FOTO: Cortesía

Es oriunda de Chaparral, Tolima, pero hace 24 años vive en La Libertad, una inspección de San José del Guaviare, la capital del departamento. En 2007 fue presidenta de Asopadres; ha sido madre líder del programa Familias en Acción y miembro del comité de Ferias y Fiestas del departamento. Hoy hace parte de la Asociación Agroecotur, es representante de la Asociación de Víctimas y Poblaciones Vulnerables de La Libertad e integrante de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas.

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

El liderazgo de Yasmin ha estado centrado en la construcción de paz a través del turismo. Eso específicamente desde la Asociación Agroecotur, conformada por 17 emprendedores guaviarenses que llevan 12 años gestionando una iniciativa de ecoturismo y turismo cultural en el municipio El Retorno. La asociación ofrece recorridos guiados por Caño Grande, un río que antes era utilizado para transportar coca.

Durante los recorridos los visitantes pueden avistar aves, escuchar testimonios de víctimas sobrevivientes del conflicto en la región y conocer comunidades nativas pertenecientes al pueblo curripaco. Con todo ello buscan demostrar que el departamento tiene potencial turístico y así eliminar la narrativa que los asocia con conflicto e inseguridad. 

De la misma manera, desde la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas, Yasmin trabaja como interlocutora entre las víctimas de desplazamiento forzado de La Libertad y las diferentes entidades del Estado. Buena parte de su trabajo consiste en hacerle seguimiento y control a los acuerdos a los que llegan ambos actores.

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Para Yasmin, uno de los grandes obstáculos que tiene la construcción de paz en el Guaviare es el déficit de vivienda que hay en el departamento, así como las malas condiciones en las que se encuentran los hogares. 

Según esta caracterización de pobreza multidimensional en la subregión Pdet Macarena – Guaviare realizada por el Dane, en cinco de los 12 municipios hay un déficit de vivienda superior el 75%: Mapiripán (76,6%), La Macarena (79,1%), Uribe (79,3%), Calamar (83,9%) y Miraflores (92,1%) y en ocho hay un déficit superior al 50%. 

De la misma manera, entre el 60% y el 80% de los hogares en zonas fuera de las cabeceras municipales de 9 de los 12 municipios de la subregión no tienen acceso a agua mejorada y en el municipio de Miraflores, Guaviare, el 92% de los hogares fuera de la cabecera municipal carecen de sistemas adecuados para la eliminación de excretas. 

La cobertura de acueducto en la subregión para el 2018 no supera el 60% en ninguno de los municipios y la cobertura de alcantarillado es también muy baja: 8 de los municipios tienen entre 30% y 50% de cobertura, mientras que Calamar, La Macarena y Miraflores cuentan con una cobertura del 24,4%, 22% y 2,9%, respectivamente. 

Por otra parte, Yasmin también asegura que el consumo de drogas por parte de jóvenes es una situación que dificulta la consolidación de la paz en el Guaviare. Este reportaje de La Silla Vacía evidencia una profunda crisis de consumo de sustancias como marihuana, bazuco y bóxer por parte de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los pueblos indígenas nukak y jiw. Aunque Yasmin hace énfasis en que la policía debería hacer cumplir la ley, el reportaje evidencia que se trata de una crisis mucho más profunda y compleja que tiene raíces elementos como los procesos de poblamiento del departamento y la manera tan precaria en la que se ha incluido a las comunidades indígenas en el sistema social nacional, entre otras cosas. 

Sobre la subregión de Macarena - Guaviare

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La subregión del Meta – Guaviare fue uno de los principales puntos a los que llegaron cientos de campesinos huyendo de la violencia partidista, particularmente de Boyacá, Cundinamarca y el Sur del Tolima, principales epicentros de ese enfrentamiento, y motivados por inciertos procesos de colonización dirigida promovidos por el Estado. 

Muchos hicieron parte de las guerrillas contra el gobierno conservador que operaron en la región, otros simplemente fueron colonos. Ambos grupos se asentaron en la región y encontraron en la selva y los terrenos baldíos una forma de subsistencia. 

“Fundaron pueblos, tumbaron monte y abrieron claros, explotaron la madera de la selva y comerciaron con las pieles de jaguares, pumas y ocelotes”, dice el Informe Final de la Comisión de la Verdad. 

Esos procesos de poblamiento, concentrados sobre todo en los ríos Ariari, Duda y Guayabero, llevaron a la creación de asentamientos que luego se transformaron en municipios como El Castillo, Lejanías y La Macarena en 1954 y Mesetas, en 1958. 

Ya para entonces había tensiones y conflictos entre colonos y comunidades indígenas como los nukak, los jiw y los curripacos, habitantes tradicionales de la región. 

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, las guerrillas liberales fueron uno de los victimizadores de los pueblos indígenas de la región a través de procesos de “violencia, desplazamiento y discriminación que contribuyeron a la pérdida del territorio y a la casi extinción de su cultura y conocimiento ancestral”. 

Por otra parte, los procesos de colonización dirigida motivados por el Estado no estuvieron acompañados por acciones como la construcción de vías o institucionalidad que garantizara el acceso a derechos básicos como salud, educación o empleo. De la misma manera, la adquisición de créditos de la Caja Agraria llevaron a muchos campesinos a la quiebra por la falta de asistencia técnica para consolidar una industria agrícola. 

Es en ese contexto que, luego de que se diera la Primera Conferencia Guerrillera en 1964 en la región de Riochiquito, en el Cauca y con ello el surgimiento del Bloque Sur, que agrupaba distintos grupos de autodefensa campesina, se llevara a cabo, en 1966, la Segunda Conferencia Constitutiva en La Uribe, Meta, en la que participaron 350 guerrilleros y donde adoptaron el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

La guerrilla eligió la subregión como retaguardia estratégica y el secretariado se asentó en La Uribe, en el Meta. Crecieron, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, creció de manera lenta y localizada en la franja de colonización, sobre todo en el sur del Meta y alrededor del río Guayabero. 

Comenzaron a ejercer control territorial en áreas habitadas por campesinos afines al Partido Comunista Colombiano y en general encontraron un campesinado sin confianza hacia el Estado por su falta de apoyo en los procesos de colonización y la violencia contra la población civil. 

José Abimeled Torres - El Retorno (Guaviare)
Las aguas del río Caño Grande atestiguaron la entrada y salida masiva de embarcaciones de coca, sobre todo durante los años 80, cuando los grupos armados comenzaron a expandirse en todo el país. / FOTO: Steffy Riquett - Colombia Visible

Las Farc, entonces, se encargaron de incentivar la organización social y el trabajo asociativo, cosa que fue bien recibida y acogida por el campesinado, al menos en un primer momento. 

A mediados de los 70 irrumpieron en la región los cultivos de coca y de marihuana y para los 80 eran ya fuente de financiación de la guerrilla y de grupos paramilitares que comenzaron a incursionar en la zona esa misma década con el objetivo de frenar la expansión guerrillera y acaparar las rentas del narcotráfico. 

Por esos mismos años, las Farc también comenzó un proceso de expansión territorial y con ello a ejercer mayor control sobre la población civil a través de acciones cada vez más autoritarias como el destierro y el desplazamiento forzado o el trabajo comunitario obligatorio. También recurrieron a los asesinatos selectivos, la intimidación y en general el miedo. 

En 1993 se fundó el Bloque Oriental, el más grande y poderoso de la historia de la guerrilla con presencia en el 55% del país en el momento de mayor fuerza. Luego, en 1997, las AUC y las ACCU crearon el Bloque Centauros, el grupo paramilitar de mayor incidencia en la subregión, aunque también operaba en varios otros departamentos. Durante esa década se darían hechos atroces como la masacre de Mapiripán, en la que el Bloque Centauros, en alianza con el Ejército Nacional, asesinó a 48 personas.

En 1998, en el marco de las negociaciones que el entonces presidente Andrés Pastrana adelantó con las Farc, en la subregión se creó la Zona de Distensión, conformada por cuatro municipios del Meta: Mesetas, La Uribe, La Macarena y Vista Hermosa; y uno de Caquetá: San Vicente del Caguán, de donde el gobierno retiró la presencia militar y judicial del Estado. La guerrilla usaría ese espacio para fortalecerse y dar inicio a la etapa más intensa del conflicto con la arremetida del Estado en la retoma de esa zona. 

Con estrategias como el Plan Colombia, el Estado logró debilitar profundamente a las Farc durante la primera década del 2000. Como resultado de los bombardeos y las operaciones militares, las Farc perdieron varios de sus comandantes históricos, como a ‘Jorge Briceño’ o ‘Monojojoy’, comandante del Bloque Oriental hasta 2010 cuando fue dado de baja, fueron aisladas de las comunidades, debieron internarse en zonas selváticas con poco acceso a medicamentos y alimentos, y perdieron comunicación entre unidades. 

Hoy, luego del Acuerdo de La Habana, en la subregión hace presencia el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, así como las disidencias del Frente 1 y 7 de las Farc. 

Montes de María

“Hoy lucho, entre otras cosas, porque el cuerpo de las mujeres no es un botín de guerra”

— Yirley Velasco

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Yirley Velasco lleva 19 años siendo lideresa y defensora de derechos humanos. / FOTO: Ayuda en Acción

Yirley Velasco es fundadora y representante legal de la Asociación Mujeres Sembrando Vida, madre cabeza de hogar y sobreviviente de la masacre de El Salado. Lleva 19 años siendo lideresa y defensora de derechos humanos.

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

Desde la Asociación de Mujeres Sembrando Vida, Yirley ha acompañado a 520 mujeres en los Montes de María, capacitándolas en temas de derechos sexuales, reproductivos y violencias basadas en género. Además, ha gestado espacios seguros para mujeres de las zonas rurales y del casco urbano del municipio de El Carmen de Bolívar, como el taller de costura de la asociación, donde sus asistentes han encontrado un lugar terapéutico para sanar las heridas que causó la violencia a partir de charlas que se dan entre costuras. 

Allí, Yirley trabaja con mujeres trabajadoras sexuales, mujeres privadas de la libertad, mujeres víctimas de violencia sexual de todas las veredas de El Carmen de Bolívar y del corregimiento de El Salado. 

De la misma manera, Mujeres Sembrando Vida se dedica a apoyar y acompañar procesos de denuncia de casos de violencia sexual y otras formas de violencia basada en género, así como a generar campañas para la prevención del embarazo adolescente y dar talleres y charlas acerca de  educación sexual y derechos reproductivos. Eso con el objetivo de garantizar que las mujeres de los Montes de María decidan libremente sobre su cuerpo y su maternidad. 

Según este informe del Dane, aunque en Bolívar se registró una disminución de la tasa de fecundidad adolescente (por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años) de 14 puntos entre el 2015 y el 2020, pasando de 86,3 a 72,3, la cifra es todavía la sexta más alta de todo el país. De la misma manera, en el caso de Sucre se dio una disminución de 84,5 al 70,6, siendo esta la octava tasa más alta del país. Ambos muy por encima de la tasa nacional, 54,0. 

De la misma manera, Bolívar tiene la segunda tasa de nacimientos en niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años más alta del país. En 2019 registró 335 nacimientos y en 2020, 326. Eso corresponde al 7% y al 7,6% de la tasa nacional en esos años, respectivamente. Por otro lado, en cuanto al nacimiento en jóvenes de 15 a 19 años, Bolívar registró 6.918 casos el 2020, siendo el cuarto departamento con más casos y representando 6,3% del total nacional ese año. 

En ese sentido, el libro ‘Un camino truncado: los derechos sexuales y reproductivos en Montes de María’, escrito por investigadoras de Dejusticia, concluye, entre otras cosas, que “parte del acceso que han tenido las mujeres de esta región a los derechos sexuales y reproductivos se debe, en gran medida, al papel de las lideresas de los Montes de María”, como es el caso de Yirley. 

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Para Yirley, las amenazas y la violencia en general que viven los líderes sociales en los Montes de María hace imposible pensar en la consolidación de la paz en la subregión. Este listado, hecho por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, registra 11 líderes asesinados en Bolívar y Sucre durante el 2022. Por su parte, el último boletín de la organización Somos Defensores registra siete agresiones entre ambos departamentos, entre los meses de julio y septiembre de 2022. Durante ese mismo periodo, la organización registró 1 asesinato de líderes sociales en cada departamento. 

De la misma manera, Yirley asegura que la permanencia de las violencias basadas en género en la región, también dificulta la consolidación de la paz en la región. La investigación realizada por Dejusticia señala que durante el conflicto, las mujeres fueron subordinadas en dos planos: el sexual y el doméstico. “La violencia sexual contra mujeres y personas con sexualidades no normativas se convirtió en uno de los repertorios más crueles del conflicto para lograr el disciplinamiento y el control del territorio”, dice el libro. 

Y agrega: “Muchas mujeres fueron subyugadas a la esclavitud doméstica: durante jornadas de trabajo inhumanas, las mujeres debían cocinar, limpiar, atender y servir como objetos sexuales a los actores armados. […] se expropió cualquier autonomía o agencia que pudieran tener las mujeres de la zona, y se impulsó la idea de que son cuerpos apropiables, sin libertad para decidir sobre su autonomía o reproducción”. 

Por su parte, este informe de violencias contra las mujeres en los Montes de María, realizado por la Corporación Humanas, asegura que del total de mujeres encuestadas en la subregión en 2019 (244), el 72,3% dijo haber sufrido alguna vez agresiones por parte de su pareja, el 21,7% de parte de otros familiares y el 6,2% de violencia contra niñas y adolescentes. 

Asimismo, el informe asegura que según datos del Instituto Nacional de Salud, el 1,4% de los casos de violencia contra la mujer que llegan a las instituciones de salud de los Montes de María, corresponden a violencia psicológica. Y aunque la cifra es menor que el porcentaje nacional (8%), así como del promedio de municipios Pdet (2,9%), el informe lo atribuye a una dificultad en su tipificación y a una normalización de ese tipo de violencia que resulta en su no denuncia, más que a un número bajo de casos. 

Por otra parte, el informe asegura que el 24,3% de los casos de violencia contra mujeres que llegan a instituciones de salud, corresponden a violencia sexual. En 2019, el Instituto Nacional de Salud realizó 159 exámenes médico legales por violencia sexual y de ellos 140, es decir el 88%, correspondieron a mujeres y niñas, dos puntos por encima del total nacional. 

Pero además de los hechos de violencia contra la mujer, Yirley también denuncia la falta de operatividad y respuesta frente a ellos de parte de la institucionalidad. El mismo informe de la Corporación Humanas asegura que la institucionalidad encargada muchas veces “reproduce las prácticas de discriminación y violencia […]  llegando incluso a responsabilizarlas de la violencia o desconociendo otras circunstancias sociales, familiares y económicas, que las hacen renunciar a su derecho a la denuncia y en general a la búsqueda de la justicia”. 

Con él coincide el libro de Dejusticia, que asegura que la débil capacidad institucional en los Montes de María, ejemplificada en este caso en la falta de infraestructura de salud, ha repercutido directamente en la atención a las mujeres: “no hay médicos capacitados o especialistas, no hay instrumentos para realizar procedimientos o exámenes, no hay medicamentos y no hay programas de educación”.  

Finalmente, Yilrey también menciona la falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes como otro obstáculo en la construcción de paz. Según el Índice Departamental de Competitividad, en Bolívar solo el 22,43% de los jóvenes entre 17 y 21 años se encuentran matriculados en un programa universitario y en Sucre el 27,05%. Asimismo, en Bolívar solo el 13,59% de esa misma población está matriculada en programas de formación técnica o tecnológica, mientras que en Sucre el porcentaje es del 4,15%. Además, del total de estudiantes egresados del Sena, en Bolívar solo el 34,40% se encuentra vinculado al mercado laboral, mientras que en Sucre lo está el 25,60%. 

Sobre la subregión de Montes de María

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial de los Montes de María está conformado por los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano, en Bolívar, y Chalán, Colosó, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre, Tolú Viejo en Sucre. 

La subregión de los Montes de María se consolidó como un lugar estratégico por su ubicación geográfica, que colinda con la costa Caribe y resulta clave para el tránsito de mercancías y personas desde el interior del país hacia la costa Atlántica a través de la Troncal Occidental y la Troncal del Caribe que, juntas, transportan el 80% de la carga que va desde el interior hasta el Caribe. 

Además, su enorme potencial agroindustrial y ganadero, que le valió el título de ‘la despensa del Caribe’, hizo que se convirtiera en un territorio altamente codiciado por todos los grupos armados que llegaron allí. 

“La calidad de la tierra y su posición geográfica son los principales factores de desarrollo regional y también, en consecuencia y paradójicamente, de conflictos políticos y de dinámicas de violencia”, dice este análisis realizado por la Fundación Ideas para la Paz, FIP.   

En ese sentido, la tenencia de tierra ha sido un factor fundamental en el proceso de gestación  de tensiones en la subregión, impulsados por tres factores principales, según la FIP: un monopolio sobre la propiedad por parte de una reducida élite; un masivo proceso de despidos de trabajadores campesinos de las grandes haciendas para expandir pastizales para ganadería y la reforma agraria que impulsó Carlos Lleras Restrepo, que ante la titulación de tierras para pequeños productores causó procesos de expulsión violenta por parte de los grandes propietarios. 

Eso último, sin embargo, causó a su vez el surgimiento de grandes movimientos campesinos por la recuperación de tierras, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Línea Sincelejo, que derivó de la organización homónima creada por Lleras Restrepo. De manera pacífica, los campesinos allí reunidos abogaron por el retorno de las familias a sus tierras y la redistribución de ella, encontrándose con la negativa del Estado, que a través del Pacto de Chicoral le puso fin a la reforma de Lleras Restrepo y promovió la colonización como camino para el acceso a la tierra. Además, se dieron aniquilamientos de líderes campesinos por parte de grupos que habían sido armados por los grandes terratenientes. 

Esa dinámica violenta, combinada con las grandes ventajas que ofrecía el territorio para un asentamiento perdurable dada la poca presencia estatal,  labró el camino para la entrada de grupos guerrilleros como el ELN, el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Corriente de Renovación Socialista (CRS), que llegaron con el discurso de apoyar la lucha campesina por la tierra. 

Yirley Velasco
En los Montes de María, las mujeres trabajan unidas por sus derechos sexuales y reproductivos. Además, participan de manera colectiva en actividades como la costura. / FOTO: Cortesía

Eso, a su vez, propició la creación y el fortalecimiento de grupos de autodefensa privados como La Mano Negra, La Cascona, Muerte a Secuestradores y Comunistas, Los RR, Los Encapuchados y otros, como relata esta investigación de Verdad Abierta. 

Con la desmovilización del PRT y del EPL en 1991, y luego, en 1994, la de CRS, se generó un vacío de poder que propició la llegada política y militar de las Farc con sus frentes 35 y 37, que aprovechó también la ausencia del Estado y la falta de regulación de las dinámicas del comercio, así como las rutas para el mismo, para posicionarse en el territorio y comenzar a ejercer actividades como secuestros y extorsiones. 

En ese contexto se consolidó una espiral de violencia entre el paramilitarismo y las guerrillas. El primero como respuesta armada de los poderes locales para expulsar a la guerrilla, estigmatizando a la población local y sus organizaciones y líderes como colaboradores o tildándolos de comunistas y subversivos, y las segundas con intereses de consolidarse en la zona con fines de financiación y de ser autoridad de la población a través de la violencia en su proyecto de expansión nacional. 

En paralelo, durante la década del 80, comenzó un proceso de compra masiva de predios por parte de personas asociadas al narcotráfico, particularmente en la zona costera de los Montes de María, y a su alrededor conformaron ejércitos privados e hicieron alianzas con aquellos ya existentes.  

A mediados de los 90 se recrudeció la guerra en los Montes de María: grupos paramilitares asesinaban a diario dirigentes de movimientos campesinos y líderes de restitución de tierras, al tiempo que las Farc arreciaba en su política de secuestros y extorsiones contra ganaderos y hacendados. En ese contexto surgieron, con el aval del Estado, las Convivir: “salvoconductos para matar y huir”, sostiene la investigación de Verdad Abierta, y semilleros donde se crearon grupos como el Frente La Mojana y el Bloque Héroes de Montes de María de las AUC.

Pero a medida que creció el proyecto paramilitar, también lo hizo el guerrillero. Y para cuando se inició el proceso de desmovilización paramilitar, en 2003, la guerrilla continuaba fortalecida. 

Aun así, desde 2007 la subregión vivió un periodo de relativa calma que se intensificó con la desmovilización de las Farc en 2016 y comenzó a ser vista como un ‘Laboratorio de paz’. Sin embargo, desde 2020 se vienen dando acciones de parte de grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, que han devuelto la zozobra a la subregión, como lo indica este reportaje de La Silla Vacía y este comunicado de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.

Pacífico Medio

“Nuestra principal herramienta para construir paz y comunidad es la lectura y la cultura, pero también el amor”

— María Isabel Hurtado Carabalí

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María Isabel Hurtado es fundadora y directora del Club de Lectura Mariposas de Amor. / FOTO: Cortesía

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

Desde el Club de Lectura, María Isabel trabaja con cientos de niños, niñas y jóvenes de 5 a 16 años habitantes del barrio Juan 23 en Buenaventura, así como de otros sectores de la ciudad. A través de los libros, el Club de Lectura ha generado espacios protectores en medio de un contexto permeado por el conflicto armado, el microtráfico y disputas entre bandas criminales. Solo el año pasado, el Club atendió a 150 niños y prestó 500 libros en el puerto. 

Allí, María Isabel y el equipo del Club imparten talleres de diversos temas que van desde el fortalecimiento de habilidades como comprensión lectora y materias Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), hasta género y salud sexual y reproductiva.

De la misma manera, tienen espacios de formación para el rescate y la conservación de la cultura afro, que María Isabel considera un elemento fundamental para la construcción de paz por ser una herramienta que enseña a los niños a vivir en comunidad y de manera pacífica a través de la recuperación de prácticas que se basan, dice ella, en principios como el ‘soy porque somos’ y una asociatividad inherente que viene desde sus ancestros africanos. 

Asimismo, desde el Club, María Isabel promueve la creación y el fortalecimiento de clubes de lectura en las instituciones educativas de la comunidad, así como de la zona rural de Buenaventura. Allí, también, contribuye al fortalecimiento de la oferta de libros en bibliotecas escolares, así como de su estructura física. 

Por otra parte, Mariposas de Amor también trabaja con las madres de los niños y jóvenes que asisten a las actividades, dando talleres en los mismos temas que a los niños pero con mecanismos pedagógicos distintos, con el objetivo de garantizar una sintonía entre lo que aprenden los niños y los padres. 

Asimismo, cuenta con programas de fortalecimiento de emprendimientos para las mujeres, buscando que estas puedan escalar y tecnificar sus iniciativas. Así, en alianza con la Cámara de Comercio y la Universidad del Pacífico dictan cursos de mercadeo, costeo, administración microempresarial, publicidad y otros temas.  

Por último, y al ser una biblioteca abierta al público de lunes a sábado, María Isabel asegura que contribuyen a la paz a través de la democratización de la lectura, una actividad que puede resultar muy cara teniendo en cuenta el costo de los libros, pero también del transporte que hay que tomar para llegar a las bibliotecas municipales, según ella, alejadas del centro. 

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

María Isabel asegura que la falta de oportunidades de educativas y laborales representa un obstáculo para la construcción de paz en Buenaventura y el Pacífico Medio, particularmente pensando en los jóvenes. 

Según datos del Dane, la ciudad cuenta con un índice de bajo logro educativo, que se refiere un tiempo de escolaridad promedio menor a nueve años en las personas de 15 años o más en cada hogar, del 48,3%, un índice de rezago escolar del 24,2% y un índice de desempleo de larga duración del 43,5%. 

Asimismo, según datos del último informe del programa Buenaventura cómo vamos, para el 2020 la ciudad registró una tasa de ocupación del 38,1%, lo que representó una disminución del 12,5% frente al 2019, cuando presentó una tasa del 50,6%. El desempleo pasó del 20,3% en 2019 al 33,9% en el 2020. 

Por su parte, la última encuesta de percepción ciudadana de Buenaventura cómo vamos, muestra que durante el 2021, hubo poco optimismo entre los jóvenes acerca de su situación en el puerto. El 87,7% de la población encuestada entre los 18 y los 25 años sostuvo que las cosas en Buenaventura van por mal camino. Asimismo, el 74,7% de esa misma población aseguró que está ‘muy insatisfecho’ con vivir en Buenaventura. El 63,9% aseguró haber perdido su empleo en ese año y el 81,9% de ellos dijo que no había conseguido nuevo empleo al momento de la encuesta (noviembre 2021). 

De la misma manera, el 87,9% manifestó no sentirse ‘nada seguro’ en Buenaventura y el 73% sostuvo lo mismo para su barrio. 

Por otro lado, el 57% aseguró estar muy insatisfecho con la oferta de actividades culturales en Buenaventura y el 53,8% dijo no haber realizado ninguna actividad cultural en ese año. Además, el 61% aseguró sentirse muy insatisfecho con la oferta de actividades deportivas en el puerto y el 30,5% dijo no haber practicado ninguna durante ese año. 

En ese sentido, y teniendo claro lo anterior, María Isabel asegura que los jóvenes del puerto dicen que en el puerto “no pasa nada, no hay nada” y que por ello muchos terminan inmersos en dinámicas ilegales y en grupos delincuenciales.

Sobre la subregión del Pacífico Medio

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Pacífico Medio está conformado por los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí en Cauca y Buenaventura en el Valle del Cauca. 

Como todas las regiones costeras, la subregión del Pacífico medio cuenta con una ubicación estratégica por su salida al océano Pacífico, cosa que la hace propicia para el transporte de mercancías legales e ilegales. Además, es una zona rica en minerales y por ello en minería, y la presencia de cultivos ilícitos la han convertido en un importante eje económico, atractivo para distintos actores legales e ilegales.

Ese último fenómeno incursionó en la región durante los 80, cuando el territorio era usado como para el embarque y la salida de cargamento por el Pacífico, pero en los 90 se dio un traslado de cultivos y laboratorios que convirtieron a la región en un lugar de producción también. 

Según el último informe de monitoreo de cultivos ilícitos en el país, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, en la costa caucana se constituyó un nuevo enclave de proliferación de cultivos ilícitos, siendo Timbiquí el municipio de esa región con la mayor densidad de cultivos: entre 1.826 y 6.041 hectáreas en 2021. Buenaventura, por su parte, que constituye la totalidad de la costa pacífica del Valle del Cauca, tiene una densidad de cultivos de entre 101 y 1.825 hectáreas. 

Ahora bien, según este informe de la Fundación Tierra de Paz, Las primeras incursiones de grupos armados registrados en la costa caucana, que llegaron a la región motivados por un auge en la explotación de madera, aurífera y de narcotráfico, se dieron desde la década de los 80 por parte de la guerrilla del ELN, que llegó a través del Alto y Bajo Naya y del corredor natural de los Farallones de Cali. 

En un primer momento, la presencia de esa guerrilla fue intermitente y se caracterizó por el relacionamiento de con las comunidades campesinas e indígenas del territorio, cosa que significó un bajo nivel de agresiones a la población y cierto grado de legitimidad a causa de la ausencia del Estado. 

Por su parte, la guerrilla de las Farc ingresó a la costa caucana a mediados de los 80, principalmente al municipio de López de Micay. Esa incursión le significó una ampliación de sus fuentes de financiación y sus rutas de tránsito hacia el Valle del Cauca, a través del río Naya. 

Durante la década de los 90 se dio una profundización de la presencia guerrillera, impulsadas por la bonanza del narcotráfico, y con ello se dio un incremento en la violencia, que sin embargo fue enfrentada durante principios de los 2000 con una escalada por parte de la Fuerza Pública, la incursión de grupos paramilitares y los combates entre guerrillas. 

El proyecto paramilitar incursionó en la subregión en el 2002 y llegaron el Bloque Libertadores del Sur y el Bloque Calima de las AUC, apoyados por comerciantes y empresarios afectados por las extorsiones y los secuestros de las guerrillas. 

Con la desmovilización de las AUC quedaron en el territorio algunos grupos residuales dedicados al narcotráfico, que sin embargo no tuvieron mucho protagonismo al lado de las Farc, que recuperó parcialmente el control del territorio. 

Una vez desmovilizada esa guerrilla quedaron en el territorio diversos grupos como el ELN, el EPL y los grupos disidentes de las Farc, Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y la Segunda Marquetalia

Buenaventura, que se convirtió en ciudad portuaria en 1959, por su parte, fue un municipio relativamente pacífico hasta la década del 80, cuando ingresaron las Farc a su zona rural, según cuenta la Comisión de la Verdad.

En 1991 desapareció la empresa Puertos de Colombia, que había construido el puerto, y se comenzaron a crear distintas empresas portuarias que, sin regulación del Estado, ampliaron la operación portuaria en el municipio y relegaron otras actividades como la pesca y la explotación de madera. 

“Cuando se liquidó Puertos de Colombia se acabaron 40 años de gloria y Buenaventura se empobreció. Para los años noventa los grupos armados encontraron una comunidad con muchas necesidades y sin fuentes de ingreso”, contó el historiador Roberto Lozano Bonilla a la Comisión de la Verdad. 

A principios de los 2000, el Bloque Calima de las AUC incursionó en zona rural y urbana del municipio, teniendo las masacres y los asesinatos selectivos como modalidad de violencia más frecuente. Solo entre 2000 y 2001, según una confesión de Éver Veloza García, comandante de las AUC, ese grupo asesinó a más de 1000 personas en la zona. 

Con la desmovilización de las AUC se conformaron distintas bandas y grupos residuales, que se disputan el control del territorio y las rentas del narcotráfico. Hoy, las dos bandas principales en el puerto son Los Shottas y Los Espartanos, que juntas suman más de mil miembros y que surgieron luego de la desarticulación de ‘La Local’ otra banda de narcotráfico que surgió a partir del Clan del Golfo con el objetivo de monopolizar el negocio. 

Y aunque la guerra entre Los Shottas y Los Espartanos, que experimentó un intenso repunte de violencia durante el 2020 y el 2021, marcó fronteras invisibles entre barrios y sembró el terror entre la población civil, en septiembre del 2022 ambas bandas firmaron una tregua como muestra de su interés para acogerse a la Paz Total del presidente Petro. Eso, además de tener efectos positivos sobre la población y sus dinámicas, como lo evidencia este reportaje de El País de España, ha hecho que Buenaventura sea considerado como un ‘laboratorio’ del proyecto del presidente, con el que busca desarticular a todos los grupos armados del país.

Pacífico y Frontera Nariñense

“Hay que entender también que las fortalezas que tenemos como comunidad y como individuos para hacer cambios son suficiente para poder transformar”

— Diana Cortés

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Diana Cortés fundó Pacific Dance, una organización que genera espacios seguros para los jóvenes de la región a través de las artes escénicas. / FOTO: Cortesía

Es líder juvenil desde que estaba en el colegio y con solo 15 años fundó Pacific Dance, una organización que a través de la danza urbana y el teatro genera espacios seguros para los jóvenes del municipio y la región. Por ella han pasado más de 600 jóvenes tumaqueños y del pacífico que han encontrado alternativas educativas, laborales y de ocio que les han permitido pensar y construir un proyecto de vida hacia el futuro más allá de la violencia. Para Diana, el arte permite transformar incluso la realidad más adversa en oportunidades.

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

Pacific Dance se ha convertido en un referente de construcción de paz en el territorio aprovechando una de las múltiples riquezas que habitan en el Pacífico: la cultura y el arte. Así, a través de talleres de danza y de teatro, Pacific Dance crea espacios a los que los jóvenes del municipio pueden acudir en un contexto en el que no hay muchas oportunidades más allá de los grupos armados ilegales o el ejército. 

Además, Diana ha logrado consolidar alianzas con diversas instituciones educativas, tanto técnicas y tecnológicas como profesionales, como la Universidad Iciesi, la Universidad del Chocó, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Sena, así como organizaciones como Manos Visibles, para conectar a los jóvenes con oportunidades reales de estudio y empleo.

Adicional a ello, desde Pacific Dance crearon una escuela de liderazgo donde forman a los jóvenes en temas diversos que van desde derechos humanos hasta la formulación de proyectos para presentar a convocatorias públicas o privadas, buscando siempre que las iniciativas que surgen desde Pacific Dance no se queden allí sino que puedan ser replicadas y extendidas por los jóvenes que pasaron por ellas. 

Y es que aunque el Pacífico nariñense es una región que ha experimentado altos niveles de violencia, Diana insiste en que es importante ver los procesos de resistencia y resiliencia de las personas: “a pesar de todo lo que ha pasado, la gente siempre está buscando alternativas y formas para hacer cosas diferentes”, afirma. 

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Para Diana es fundamental poder seguir profundizando y expandiendo las posibilidades que brinda el arte y la cultura para la construcción de paz. En ese sentido sostiene que es necesario articular un ambiente propenso para la creación de empresas concentradas en ese ámbito que puedan seguir generando procesos como el de Pacific Dance. 

Según datos de la Cámara de Comercio de Tumaco, de 2018 a 2019 se registró un aumento de 90 registros mercantiles de empresas dedicadas a actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, para un total de 232 registros de ese tipo. Sin embargo, y aunque eso ofrece un panorama alentador en términos de consolidación de empresas alrededor del arte, para Diana es un proceso que debe profundizarse. 

Particularmente, asegura, debe acompañarse de programas y herramientas de financiación que permitan fortalecer la infraestructura y los escenarios para la cultura en Tumaco e incentivos y convocatorias que permitan formar más grupos y colectivos culturales, así como herramientas para la circulación de los productos que de esos colectivos se derivan, no solo a nivel local sino departamental, regional, nacional e internacional. 

Sobre la subregión del Pacífico Nariñense y Frontera

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Pacífico Nariñense y Frontera está compuesto por los municipios de Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco, Santa Bárbara, en Nariño. 

El departamento de ha sido una zona de disputa entre actores armados por su posición estratégica: es fronteriza con Ecuador, cuenta con salida directa al océano Pacífico, tiene grandes extensiones de selvas y montañas que son entrada a la Bota Caucana y al Macizo Colombiano y cuenta con accesos directos hacia el alto y el bajo Putumayo. 

En ese sentido, el territorio se ha constituido como corredor y epicentro de economías legales e ilegales como el contrabando, el tráfico de armas, el narcotráfico, explotación maderera, minería, extracción petrolera y monocultivos de palma. 

El territorio ha sido habitado por pueblos indígenas como los Awá y los Eperara Siapidara desde hace milenios, que sin embargo fueron esclavizados por colonizadores para la extracción minera y violentados por la Iglesia Católica que buscó evangelizarlos. Y a pesar de que estos pueblos ofrecieron feroz resistencia, huidas masivas e incluso suicidios colectivos, la violencia colonizadora diezmó y exterminó a muchos. 

En ese contexto y dada la falta de mano de obra para explotar las minas, la corona trajo decenas de miles de personas africanas esclavizadas para extraer oro y minerales. Estos, como los indígenas, se resistieron y muchos se asentaron en palenques – pueblos libres – en la selva y las riberas de los ríos. Uno de los más emblemáticos fue el palenque de El Castigo, en la cuenca del río Patía, entre Nariño y Cauca. 

Más tarde, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, con el desplazamiento masivo de lugares como Tumaco a causa de la violencia partidista, así como la declaración del río Mira como zona de colonización, la selva de su cuenca se transformó en pastos para la ganadería, cultivos de banano y plantaciones de palma aceitera, financiados por capitales de las grandes ciudades, así como extranjeros, que comenzaron también una compra masiva de tierras en condiciones injustas, con engaños y por valores irrisorios. 

Durante esos años llegó también la minería a la región en busca de oro, platino y otros metales y minerales, sobre todo en los ríos, cambiando su cauce, contaminando sus aguas y dificultando la navegación.

Con esas industrias se dio una profunda transformación de los bosques, ríos y territorios ancestrales, cuyas consecuencias pagó el grueso de la población sin recibir por ello ninguno de los beneficios que trajo y que, por el contrario, se concentraron en una todavía incipiente élite de la subregión y otras ya consolidadas de Bogotá, Popayán, Valle del Cauca y Antioquia.

En ese contexto, en la década de 1980, llegaron los primeros grupos armados al Pacífico Nariñense, particularmente el ELN con su frente Comuneros Sur, con el que se dedicaron a hacer relacionamiento con la población más que a intimidar. 

Asimismo, las Farc se movilizó desde el Valle del Cauca y el Cauca con sus frentes 8 y 6, y más tarde el 29, pero, a diferencia del ELN y de su incursión en el Pacífico norte, en el sur llegaron con violencia y terror. En su avanzada, compartieron sus planteamientos políticos e ideológicos, el programa agrario y los objetivos de su lucha. 

Pacific Dance dentro
En territorios como Tumaco, los jóvenes participan en iniciativas como Pacific Dance, que promueven el diálogo acerca de los problemas que aquejan a los jóvenes, los efectos del conflicto armado y el cuidado de las tradiciones. / FOTO: Pacific Dance

“Con el tiempo, las FARC asumieron la figura de autoridad armada y violenta […] en un territorio sin ley”, dice la Comisión de la Verdad. Eso, agrega, derivó en un orden basado en el temor, el debilitamiento institucional, de la libertad y la autonomía de las comunidades. 

En los ochenta se instalaron también los primeros laboratorios para el procesamiento de la coca, que había sido utilizada por pueblos indígenas como medicina tradicional. Una industria que se fortaleció con organizaciones como el Cartel de Cali, que compraron grandes extensiones de tierra para el negocio. Con ellos, a su vez, llegaron grupos y ejércitos privados para controlar esos territorios y comenzaron una ola de asesinatos selectivos que hoy, según la Comisión de la Verdad, es recordada como una de las olas de violencia más intensas. 

Todo eso, sin embargo, gestó un gran movimiento los pueblos étnicos, que, con la promulgación del artículo transitorio 55 en la Constitución del 91, posterior Ley 70 de 1993, que creó la figura de la titulación colectiva para comunidades afro, lucharon por recuperar su territorio. Así, el primer título colectivo para el Pacífico sur se otorgó en 1999 al Consejo Comunitario Veredas Unidas Un bien Común, entre Tumaco y Mosquera. 

Además se crearon organizaciones como la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur y la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Sociales Étnico Territoriales del Pacífico Nariñense que luchaban por la defensa del territorio, la reivindicación étnica y la protección ambiental. 

A principios de los 2000 llegaron al territorio las AUC con el Bloque Libertadores del Sur, solicitados por empresarios, comerciantes, agricultores y hacendados para enfrentar a las extorsiones de las Farc y el ELN. En Tumaco, particularmente, llegaron a realizar lo que ellos llamaban ‘limpieza social’: asesinatos selectivos de personas ‘indeseables’ como habitantes de calle, vendedores ambulantes, expendedores de drogas y pandilleros. Con el tiempo, cualquier persona que los cruzara podía ser asesinada. 

La expansión paramilitar estuvo acompañada por la Fuerza Pública, que llegaba a un territorio a realizar operaciones y, a su salida, llegaban los paramilitares; facilitaron apoyos logísticos y realizaron operativos conjuntos. De la misma manera, informantes de la inteligencia militar entregaban listas de presuntos colaboradores de las guerrillas y con ello los paramilitares comenzaron un proceso de persecución y exterminio del liderazgo social de la región. 

Además, la Comisión de la Verdad asegura que los años de la expansión paramilitar coinciden con un incremento en cultivos ilícitos, de palma africana y de minería ilegal de oro. 

En el 2002 se desmovilizó el Bloque Libertadores del Sur, y con su salida se consolidaron otros grupos post desmovilización como las Águilas Negras, las Autodefensas Campesinas Nueva Generación y Los Rastrojos, que alcanzaron el mayor control de Tumaco, que se convirtió en epicentro de guerra. 

En el 2006 Tumaco presentó el número más alto de hectareas de coca sembradas y para 2007 su índice de homicidios triplicó la tasa nacional. En 2013, esa cifra prácticamente superó por cuatro veces el total nacional y para el 2014, en Tumaco ocurría un homicidio cada diez horas. 

Luego de la firma del Acuerdo de La Habana el conflicto ha permanecido en la subregión, particularmente por la disputa por las rutas del narcotráfico que se dan entre grupos disidentes y paramilitares como las Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Contadores, las disidencias del Frente 30 de las Farc, el Frente Oliver Sinisterra, las Alfonso Cano y la Segunda Marquetalia, el ELN y el Clan del Golfo. 

Putumayo

“El derecho a la vida en el territorio. Eso es lo que reclamamos”

— Yury Quintero

Yury-Quintero
Yury Quintero participó en los diálogos de La Habana como delegada para el enfoque de género del Acuerdo. / FOTO: Cortesía

Yury Quintero es vallecaucana de nacimiento, pero ha vivido prácticamente toda su vida en Putumayo, a donde llegó con su familia, desplazada por la violencia. En el 2011 creó la Red de Derechos Humanos del Putumayo y en 2016 participó en los diálogos de La Habana como delegada para el enfoque de género del Acuerdo, así como para el enfoque de derechos humanos para el punto cuatro, al respecto de la problemática de las drogas. Además, Yuri es vocera de las organizaciones civiles del Putumayo en la Mesa Nacional de Garantías, ha sido diputada y es integrante de Fensuagro y Marcha Patriótica. Por amenazas y atentados contra ella y su familia hoy se encuentra exiliada en España.

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

El liderazgo social de Yuri se ha enfocado en la promoción y protección de los derechos humanos desde distintos escenarios. Como vocera de las organizaciones sociales del departamento, ha impulsado acuerdos humanitarios con grupos armados que hacen presencia en su territorio, “pidiendo que respeten la vida de líderes y defensores de derechos humanos”. 

Actualmente, según este informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, los grupos armados con mayor incidencia en Putumayo son el Comando Frontera, aliado de la Segunda Marquetalia y conformado por excombatientes de los Frentes 32 y 48 de las Farc y por miembros del grupo armado local ‘La Constru’, un grupo residual pos desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, y el Frente Carolina Ramírez, aliado del Estado Mayor Central, comandado por Gentil Duarte, ambos grupos disidentes de las Farc que se disputan corredores para el narcotráfico y otras economías ilegales. 

Por otra parte, antes de tener que irse exiliada, Yuri realizaba recorridos de pedagogía política de vereda en vereda por todo el departamento, enseñando a las comunidades los derechos campesinos y civiles que la Constitución de 1991 les otorga, así como divulgando experiencias de procesos organizativos históricos del departamento y sus reivindicaciones y desde allí promoviendo la conformación de organizaciones de base con el objetivo de generar mayor incidencia institucional.

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Para Yuri, la implementación del punto uno y cuatro del acuerdo de paz son requisitos imprescindibles para que pueda darse cualquier proceso de construcción de paz en su departamento. Eso adquiere particular importancia en un contexto en el que, según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, para el 2021, la región Putumayo-Caquetá aportó el 16% del total de las 204.000 hectáreas de coca plantadas a nivel nacional, representando un incremento del 45% con respecto al 2020. 

Además, según ese mismo informe, el 65% de los cultivos del total regional se concentra en los municipios de Puerto Asís, San Miguel, Orito y Valle del Guamuéz, todos pertenecientes al departamento de Putumayo y ubicados en la parte sur, en la frontera con Ecuador. 

Por otro lado, la falta de conectividad vial en el departamento es un elemento, dice Yuri, que sigue truncando la construcción de paz. Según el Plan Regional de Infraestructura Intermodal de Transporte 2021 – 2030,  el departamento cuenta con 2.351 km de vías en total, es decir, 0,10 kilómetros de carreteras por cada 100 kilómetros de superficie. De esos, solo 415 km se encuentran pavimentados. 

Sin embargo, dado que Putumayo es un territorio andinoamazónico, más allá de pensar en la construcción de carreteras, señalado como un factor de deforestación, es necesario pensar en desarrollar y fortalecer otros medios de transporte dentro del departamento. 

Según el Plan Regional de Infraestructura, “la mayoría de los muelles [en Putumayo] se encuentran en tierra y su estado se considera regular y malo”, de la misma manera, de 49 muelles registrados, solo 28 conectan con tramos de carreteras. 

Finalmente, el recrudecimiento reciente de los enfrentamientos entre grupos armados en el departamento, que llegó a un estado crítico con la muerte de 18 personas en un combate entre el Frente Carolina Ramírez y el Comando de Frontera, supone un reto enorme para la consolidación de la paz en la subregión.

Sobre la subregión de Putumayo

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial de Putumayo está compuesto por los municipios de Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez, Villa Garzón y Mocoa, en Putumayo. 

Cuando en 1961 el entonces presidente Alberto Lleras Camargo sancionó la ley sobre la reforma social y agraria, o Ley 135 de 1961, en la Amazonía occidental comenzó un proceso de distribución de tierras baldías a colonos campesinos que llegaban de otras regiones motivados por la posibilidad de tener un pedazo de tierra propio. 

Ese proceso significó, entre otras cosas, la creación de conflictos sociales entre colonos e indígenas, habitantes milenarios de la selva Amazónica, en los que estos últimos fueron desplazados de sus tierras ancestrales, usados como mano de obra con salarios injustos y estigmatizados y rechazados. 

En 1956 se dio inicio a la explotación petrolera en el departamento y con ella llegó otra oleada de pobladores a la región. Eso creó nuevos tipos de conflictos sociales entre la población colona y profundizó aquellos más antiguos con indígenas, que se vieron obligados a desplazarse a otros territorios como el Caquetá a causa de la presencia de maquinaria, los sobrevuelos constantes, la construcción de infraestructura y la tala de la selva, además de la llegada de epidemias de gripa y viruela y, con todo ello, la destrucción de sus formas de vida tradicionales. 

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, para 1905 había alrededor de 30.000 habitantes indígenas en Putumayo, frente a 644 ‘blancos’. Para 1964 había 48.124 ‘blancos’ y solo 8.160 indígenas. 

Por otra parte, aunque la industria petrolera se consolidó en la región, eso no supuso progreso ni beneficio para la población general, pues las inversiones se concentraron en el fortalecimiento de la infraestructura petrolera, y poco en lo demás. Mientras que sí mantuvo y profundizó los conflictos interétnicos y los impactos sociales y culturales.

En ese contexto, en la década del 70 se dieron varias movilizaciones y protestas por parte del movimiento campesino, agrupado en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que fue creada en 1967 por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, exigiendo la construcción de puestos de salud, escuelas, vías de acceso, acueducto y alcantarillado. 

“Todos esos reclamos fueron enfrentados con violencia por parte de las autoridades, que comenzaron a acusar a estas manifestaciones de ser subversivas y a las comunidades campesinas como «bárbaros» e «incivilizados»”, dice la Comisión de la Verdad. 

Paralelamente, la coca comenzó a consolidarse en la región como una alternativa económica. Los narcotraficantes, que en un primer momento usaban la región solo como corredor para transportar coca desde Perú, comenzaron a establecer cultivos y laboratorios para la transformación de la coca, usada ancestralmente por pueblos como los kofán e  inga, en cocaína. Allí se vinculó una buena parte del campesinado, como cultivadores y raspachines.

Ya para esa época el M-19 hacía presencia en el departamento con bases sociales y asaltos a puntos importantes como Mocoa. El EPL entró en los 80 con su frente Aldemar Londoño, ejerciendo presión sobre los campos petroleros del departamento, particularmente en el Valle del Guamuez, La Hormiga, Puerto Asís y Orito.

Las Farc, por su parte, llegaron también en los 80 con su frente 32, que se convirtió con el tiempo en una de las principales estructuras guerrilleras de la región y con el que configuró múltiples corredores por toda la Amazonía para la movilización de tropas y mercancía y con ello consolidar su presencia en la región. En los 90, las Farc se consolidaron definitivamente en la región y además de ser actores armados, se convirtieron en actores de control social y político.

Por otro lado, los ejércitos privados y grupos armados que crearon los carteles de narcotráfico para el control de sus cultivos y laboratorios, específicamente el Muerte a Secuestradores o ‘Mesetos’ como los conocían en la región, también hicieron presencia en la región desde 1987, sobre todo en las zonas urbanas del bajo Putumayo como el Valle del Guamuez y San Miguel. 

Y aunque en un primer momento esos grupos se dividieron el territorio y su control, con el tiempo comenzaron a darse tensiones y enfrentamientos que terminaron por crear una intensa guerra. Así, esos grupos privados de narcotraficantes dejaron de ser solo grupos de seguridad y se constituyeron como actores para enfrentar a las guerrillas. 

Fueron esos mismos grupos y sus líderes quienes impulsaron la llegada del proyecto paramilitar al Putumayo. En 1998 llegaron las AUC con el frente Sur Putumayo, del Bloque Sur, y desde su arribo hasta su desmovilización, en 2006, fueron responsables de al menos de 2.500 asesinatos, según cuenta la Comisión de la Verdad en su Informe Final. 

Además, formaron alianzas e incluso operativos conjuntos con la Fuerza Pública que resultaron en masacres, asesinatos selectivos y en general una campaña de persecución y estigmatización de la población civil. Con esas alianzas, además, las AUC constituyeron una base de operaciones en el Valle del Guamuez, donde se asentaron 240 paramilitares. 

En el 2002 se extendieron hasta el Alto Putumayo, reclutando cientos de jóvenes indígenas – así como lo hizo las Farc – y crearon campañas de violencia particularmente enfocada en las mujeres y los líderes LGBTIQ+. 

Ese año fue aquel en el que el conflicto en Putumayo y la Amazonía en general llegó a su punto más álgido con la presencia constante y fortalecida de tres grupos: las Farc, las AUC y el Ejército. Las Farc se mantuvieron en las zonas rurales con los frentes 32, 48, y 49, pues en los cascos urbanos estaban posicionadas las estructuras de las AUC. Y la Fuerza Pública, por su parte, comenzó una intensa campaña de retoma del territorio, que significó un gran debilitamiento de la guerrilla al tiempo que fuertes atropellos a la población civil. 

El frente Sur Putumayo se desmovilizó en noviembre de 2006, y desde ahí surgieron grupos residuales como Los Rastrojos, que comenzó operando con acciones específicas de cobros de rentas y asesinatos selectivos, y que en ocasiones formó alianzas con las Farc y otra banda llamada La Constru. Todos esos actores buscaron retomar el control de la región con violencia e intimidación, siendo las Farc la que lograron mantenerlo. 

Desde su desmovilización, en Putumayo se han creado varios grupos de disidencias, como el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera,  que se disputan el control territorial entre ellos, con otras bandas y grupos narcotraficantes como los Rastrojos y la Constru.

Sierra Nevada - Perijá

“La paz comienza cuando se le dignifica la vida al otro, la otra y el otre”

— Eduard Osorio

Eduard-Osorio
Eduard Osorio es secretario de la sociedad civil ante el Consejo de Paz de Becerril. / FOTO: Cortesía

Eduard Osorio nació en el municipio de Becerril, al norte del Cesar, y hace alrededor de diez años es líder social entre la población afro y LGBTIQ + del municipio. Pertenece a la Mesa de Derechos Humanos del Cesar, a la Mesa de Víctimas Departamental por el enfoque LGBT y es secretario de la sociedad civil ante el Consejo de Paz de Becerril. Además, es fundador de la Fundación Makulele. 

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

Desde la Fundación Makulele Eduard trabaja por la reconstrucción del tejido social a través de la cultura y el arte, al tiempo que realiza seguimientos y veedurías a los recursos públicos destinados a las políticas públicas en favor de la población afro y LGBTIQ + en el municipio, en cuyo diseño también ha participado.

Según la organización Caribe Afirmativo, en agosto de este año comenzó a circular por algunos municipios del Cesar, incluido Becerril, un panfleto firmado por el grupo Serranía del Perijá de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el que amenazaban a personas de la comunidad y les prohibían realizar encuentros y actividades asociativas, y obligaban a hombres homosexuales a “definir su sexualidad o irse del pueblo”, de lo contrario “tomarían justicia por mano propia”. 

En ese contexto, y siendo él mismo víctima de constantes amenazas que lo obligaron a salir de su municipio en 2000 y 2017, Eduard aboga por la restitución de  derechos de las personas LGBTIQ + de su municipio y del Cesar, y realiza acompañamientos para que estas personas accedan a las rutas de atención legal para tramitar denuncias y otros procesos jurídicos. 

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Para Eduard, además de las constantes amenazas contra la vida de las personas LGBTIQ+ en Becerril y en el Cesar, la inoperatividad de las instituciones del Estado y en particular del Consejo Territorial de Paz ha representado un obstáculo mayúsculo en la construcción de paz en el municipio y el departamento. 

Los Consejos Territoriales de Paz, como lo indica su nombre, son entidades territoriales, operadas por las alcaldías y gobernaciones con representación de la sociedad civil, cuyo objetivo es proponer una serie de acciones que la comunidad cree necesaria para la construcción de paz. Eso se compila en un Plan de Acción, que en el caso de Becerril está conformado por 17 acciones. 

Entre ellas está la realización de cátedras de paz en instituciones educativas rurales y urbanas, el mejoramiento de vías terciarias, electrificación de veredas rurales, construcción de alcantarillado para llevar agua potable y más. De ellas, sin embargo, y a pesar de que el Plan de Acción fue aprobado en 2019, no se ha podido avanzar con ninguna a causa, dice Eduard, de una falta de voluntad política por parte de la administración municipal que se ha negado a priorizar las acciones del plan. 

Sobre la subregión de la Sierra Nevada - Perijá

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial de la Sierra Nevada – Perijá está compuesto por los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego, Valledupar, en Cesar; Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar, de La Guajira, y Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta, de Magdalena. 

La Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá han estado habitadas por comunidades indígenas como los Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo, Wayúu y Yukpa, entre otros. 

En su territorio ancestral comenzó durante los años 1970 la Bonanza Marimbera, un periodo de auge de cultivos de marihuana motivado por alianzas entre mafias estadounidenses y cultivadores colombianos para fomentar el desarrollo agropecuario a través de ese cultivo, y cuyas rentas funcionaron, entre otras cosas, para formar y constituir al Estado colombiano en general

La Bonanza, que ocurrió entre 1975 y 1985, fue el comienzo del narcotráfico en Colombia. Una vez se terminó, muchos cultivadores de ‘marimba’ pasaron al cultivo de coca, que ya en esa década estaba en apogeo. 

Paralelamente, durante esos años comenzaron a hacer presencia distintos grupos guerrilleros en la subregión: las Farc habían comenzado su proceso de expansión nacional en la década del 80 y desde principios de la década su frente 4 hacía presencia en el Cesar. Posteriormente, llegaron combatientes desde otras partes del país – principalmente del Magdalena Medio – para conformar los frentes 19 y 24 y más tarde el 41 y 59. 

El ELN, por su parte, también comenzó a hacer presencia en la región con su frente 6 de diciembre. 

Además de los trabajos que adelantan diferentes grupos alrededor de sus derechos, la paz ha permitido que en el Perijá se desarrollen el turismo y la investigación científica. Esta última, por ejemplo, resultó en el descubrimiento de un nuevo dinosaurio, el Perijasaurus Lapaz. / FOTO: Matt Friedman

Ambos grupos se constituyeron no solo como actores militares, sino que se impusieron como autoridades sociales en los territorios. Asimismo, esos grupos convirtieron los territorios de las comunidades indígenas en de refugio y retaguardia, establecieron campamentos, ejercieron control social sobre la población y secuestraron y reclutaron a miembros de las comunidades. 

Por otro lado, aunque ya desde la Bonanza Marimbera había grupos de seguridad privados para el control de los cultivos, el paramilitarismo incursionó con fuerza en la región durante la década del 80, en un primer momento no como proyecto contrainsurgente, como relata el Informe Final de la Comisión de la Verdad, sino “para disponer de embarcaderos, abrir nuevas rutas del narcotráfico, lavar activos y posar de ilustres empresarios del campo”. 

Sin embargo, también se crearon diversos grupos bajo la comandancia de Hernán Giraldo y Adán Rojas, que luego derivaron en las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira, también conocidas como Autodefensas Campesinas del Mamey y que luego pasarían a ser el Bloque Resistencia Tayrona de las AUC. 

Con la presencia de todos esos actores se configuró un altísimo nivel de violencia que en el Caribe se manifestó con particularidad a través de las masacres: según la Comisión de la Verdad, de las 4.307 masacres que se dieron entre 1959 y 2020, una de cada cinco (926), ocurrieron en la región. Cesar y Magdalena fueron los departamentos más afectados de esa región. 

Aunque el Bloque Resistencia Tayrona se desmovilizó en el 2005 y su comandante, Hernán Giraldo, fue enviado a una cárcel en Estados Unidos, hoy en la subregión operan las Autodefensas Conquistadoras de La Sierra, que en el marco de la propuesta del gobierno de la Paz Total han pedido designar a Giraldo, que retornó a Colombia en el 2021 y está preso en la cárcel de Itagüí, como vocero de paz. 

De la misma manera, en la subregión hacen hoy presencia bandas criminales como Los Rastrojos y Los Urabeños, además de la presencia del ELN en la Serranía del Perijá.

Sur de Bolívar

“Cada vez debemos ser más los jóvenes que luchemos por una Colombia sin barreras sociales y con igualdad de oportunidades”

— Fabián Andrés Rolon

Fabián Andrés Rolon es Consejero Municipal de Juventud y miembro de la organización Juventudes del Sur de Bolívar. / FOTO: Cortesía

Fabián Andrés Rolón nació en Cúcuta, Norte de Santander, pero ha vivido toda su vida en el municipio Arenal, en el sur de Bolívar, donde comenzó a ejercer su liderazgo desde los 14 años. Hoy tiene 19 y es estudiante de Negocios Internacionales. Además es Consejero Municipal de Juventud y miembro de la organización Juventudes del Sur de Bolívar, que reúne diversos grupos de jóvenes en cada municipio de la subregión. 

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

El liderazgo de Fabián ha estado enfocado en promover la participación de los jóvenes en espacios de decisión política y la creación de espacios para hacerlo. Eso, específicamente apelando a la Ley 1662 de 2013, donde se habla de garantizar el reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujeto de derechos, y a la Ley 1885 de 2018, en la que se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, una herramienta para asegurarle a los jóvenes espacios de interlocución con las administraciones. 

En ese sentido se ha encargado tanto de denunciar la falta de garantías que tienen los jóvenes en términos educativos y laborales, entre otras cosas, así como de generar presión desde las instancias participativas de las que hace parte para que el gobierno municipal y departamental de atención a sus reclamos. 

Además, Fabian también ha gestionado espacios de reunión juvenil en la subregión, con el objetivo de incentivar la participación de su generación y con ello ha fomentado la creación de organizaciones y su vinculación a Juventudes del Sur de Bolívar.  

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Para Fabián, una de las mayores problemáticas que enfrenta la juventud del municipio es la falta de espacios de carácter vinculante en los que esta población tenga verdadera voz y voto sobre las decisiones locales. Por ejemplo, hasta el momento, las administraciones municipales del Sur de Bolívar no han cumplido con la promesa de desarrollar una política pública de juventud, uno de los compromisos adquiridos con los Consejos Municipales de Juventudes.

Además, “el acceso a la educación superior sigue siendo un privilegio para unos pocos” pues, en la subregión, no hay ni una sola universidad pública. Los jóvenes se ven obligados a trasladarse a las ciudades capitales para estudiar, y quienes no pueden quedan a merced del reclutamiento forzado de parte de grupos como el ELN y el Frente 37 de las disidencias de las Farc, o la minería ilegal. 

Cifras del Dane indican que Bolívar tiene un índice de rezago escolar del 34,3%, del 5% en inasistencia escolar y de 2,3% en trabajo infantil, todas cifras más altas que sus totales nacionales: 28,6%, 3,3% y 2,1%, respectivamente. 

Asimismo, según el Índice Departamental de Competitividad (IDC), para el 2022, el 22,43% de la población entre 17 y 21 años se encuentra matriculada en programas de formación universitaria, mientras que el 13,59% lo está en programas técnicos y tecnológicos. 

Por otro lado, dice Fabián, los índices de empleabilidad en la subregión son muy bajos: de acuerdo con cifras de la Agencia de Renovación del Territorio, la subregión contaba con una tasa de desempleo del 12,3% para el 2018. Por su parte, el Dane registró una tasa de desempleo juvenil (entre 14 y 28 años) del 28,1% para las mujeres y del 10,6% para los hombres en todo el departamento de Bolívar. Además, según el IDC, solo el 34,40% de la población egresada del Sena se encuentra vinculada al mercado laboral formal. 

Sobre la subregión del Sur de Bolívar

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Sur de Bolívar está conformado por los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, en Bolívar, y Yondó, en Antioquia.

La subregión se encuentra ubicada entre la Serranía de San Lucas y el río Magdalena, territorio rico en metales y minerales como el oro, que ha sido explotado allí desde el siglo XVI, pero no fue sino hasta el siglo XX que se pobló la región, entre otras cosas por procesos de colonización de campesinos que huían del centro del país a causa de la violencia partidista. 

Según una investigación de Rutas del Conflicto, el primer grupo armado ilegal en entrar a la subregión fue el ELN, durante la década de 1970, y desde entonces estableció allí su retaguardia política y militar. Su presencia allí fue tal, que hasta la incursión paramilitar en la zona, en los 90, el Comando Central de la organización estuvo ubicado en la Serranía de San Lucas. 

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Jóvenes de Arenal, en el Sur de Bolívar, recurren al arte como actividad para proyectar el presente y el futuro del territorio. / FOTO: Cortesía

A mediados de los años 80 llegaron las Farc al territorio, ubicándose principalmente en el área más sur de la subregión. Desde entonces, ambos grupos ‘compartieron’ el poder, se dividieron el dominio de las zonas mineras de la Serranía y se convirtieron en autoridades del territorio a causa de la nula presencia del Estado. Además de ejercer su poderío militar, ambos grupos mediaban los conflictos sociales campesinos, cobraban impuestos a la producción de oro, coca, ganadería y comercio, y apoyaron las movilizaciones campesinas que exigían atención por parte del Estado. 

Y aunque en un principio gozaron de legitimidad social, las múltiples arbitrariedades y abusos que cometieron ambos grupos acabaron con la paciencia de los civiles y crearon un ambiente propicio para la incursión paramilitar, hacia 1997. Estos grupos llegaron desde el Urabá, se agruparon en el Bloque Central Bolívar, que incorporó otros grupos paramilitares de Santander y Cesar, y avanzó a dominar la región, en muchos casos en complicidad y articulación con el Estado. 

Los paramilitares fortalecieron el narcotráfico en la región aprovechando su ubicación estratégica como corredor entre las subregiones del Urabá, el Magdalena Medio y el Catatumbo. 

En 2006 se desmovilizó el Bloque Central Bolívar, pero el narcotráfico, parte central de la economía del Sur de Bolívar, ha seguido alimentando el conflicto, ahora protagonizado por el Clan del Golfo, el ELN y las Farc hasta su desmovilización, y actualmente el frente 37, un grupo de disidencias de la antigua guerrilla.

Sur de Córdoba

“Para poder ser líder uno tiene que sacrificar muchas cosas, pero queda la satisfacción que se llegó a este mundo a generar espacios de convivencia, solidaridad y cooperación”

— José Luis Muñoz Vargas

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José Luis Muñoz es delegado de los Pdet para el Sur de Córdoba y para el pilar seis de reactivación económica del Pdet para el municipio de Valencia. / FOTO: Cortesía

Es administrador de empresas y representante legal de la Asociación Agroecológica de Productores y Comercializadores de Papaya del Alto Sinú. Además es delegado de los Pdet para el Sur de Córdoba y para el pilar seis de reactivación económica del Pdet para el municipio de Valencia, donde nació, y es presidente fundador de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de ese mismo municipio.

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

El liderazgo de José Luis se ha centrado en impulsar el desarrollo agrario y de infraestructura en la región. Ejemplo de ello es un proyecto de cultivo de papaya que está liderando, con financiación de la Agencia Nacional del Territorio, y en el que actualmente están vinculadas 100 familias que cuentan con 40 hectáreas que esperan convertir en 400 con el fin de suplir el mercado nacional, así como exportar hacia Europa y Canadá. 

De la misma manera, José Luis se ha dedicado a generar espacios de convivencia e impulsar la creación de organizaciones de segundo nivel, es decir, asociaciones que agrupan otras organizaciones, como es el caso de la Asociación de Organizaciones y Cooperativas del Alto Sinú Activas G-10, la Asociación de Organizaciones de Piscicultores del Sur de Córdoba o Esperanza Campesina, comercializadora de yuca. Todos esos espacios se han dado con el objetivo de fortalecer los procesos de cada una de las organizaciones que las conforman, así como para que otras personas potencialicen su liderazgo.

Además, desde los distintos espacios que ocupa, José Luis trabaja para que las instituciones agilicen la intervención de vías estratégicas para la región, como la vía que lleva al Urabá Antioqueño; la vía Troncal para la Paz, que permitirá conectar al Bajo Cauca Antioqueño con el Sur del Departamento de Córdoba y el Norte de Urabá.

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

José Luis sostiene que las mayores problemáticas que afronta el territorio a la hora de consolidar la paz tienen que ver con temas de conectividad digital, seguridad ciudadana, movilidad vial y limitaciones en los procesos productivos, pues comenta que, en ocasiones, es difícil encontrar compradores para sus cosechas, y también sacar los cultivos hacia las ciudades. 

Según dice, el municipio de Valencia cuenta con 410 kilómetros de vías terciarias y su totalidad están en regulares o malas condiciones, dificultando con ello, e incluso a veces impidiendo por completo, que los productores saquen sus cultivos. Según este informe del Departamento Nacional de Planeación, para el 2017, el 54,8% de la red vial terciaria en la subregión del Sur de Córdoba se encontraba en mal estado. 

Por otra parte, José Luis explica que para seguir poder fortaleciendo los proyectos agrícolas de la región, y en particular de los municipios de Valencia, Tierralta y Montería, es necesario que el Gobierno apoye con la financiación de un distrito de riego y drenaje para 33.000 hectáreas en la margen izquierda del río Sinú con el objetivo de poder ‘activar’ esa tierra y comenzar a producir en ella diversos cultivos de manera más efectiva y en mayor escala. José Luis afirma que la comunidad ya cuenta con los estudios de factibilidad para el distrito de riego, pero hace falta su financiación. 

Por último, José Luis menciona que es necesario que a la subregión las instituciones lleguen con una oferta de créditos blandos para productores agrícolas y en particular para las mujeres rurales cabeza de familia, con acompañamiento y condiciones favorables para su pago. 

Sobre la subregión del Sur de Córdoba

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Sur de Córdoba está compuesto por los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José De Uré, Tierralta y Valencia, en Córdoba.

Según esta publicación de la Universidad de Córdoba, el despojo de tierras a campesinos del medio Sinú, así como del norte de Antioquia que llegaron huyendo de la violencia partidista, y su subsecuente concentración por parte de terratenientes y comerciantes en grandes haciendas y latifundios durante el siglo XX son elementos fundamentales para la configuración de los conflictos sociales en el sur de Córdoba y el surgimiento de grupos armados al margen de la ley, al tiempo que organizaciones campesinas que luchaban por la tierra. 

El primer grupo armado en hacer presencia en la región, según esta investigación de Rutas del Conflicto y el Informe Final de la Comisión de la Verdad, fue el EPL, que surgió entre las montañas entre el sur de Córdoba y el nororiente antioqueño y que llegó en los 70 a apoyar a los campesinos, consolidados ya en diversas asociaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, en sus luchas por la tierra. 

Más tarde, luego de la negociación de ese grupo con el gobierno de Belisario Betancur a finales de la década, a la subregión entró la guerrilla de las Farc y en esos mismos años, en la década del 80, comienza a incursionar el narcotráfico en la región y surgen ejércitos privados para proteger cultivos ilícitos, como relata la Comisión de la Verdad.

Y aunque había coincidencias ideológicas entre las luchas políticas campesinas y las guerrillas, su accionar siempre se mantuvo separado, como lo relata un dirigente campesino de la subregión ante la Comisión de la Verdad: “Ellos andaban por ahí tratando de metérsenos, pero no lo lograron. […] Nuestra lucha por la independencia era por todos los lados, ni el Estado ni Ejército ni guerrillas”. 

Con la expansión guerrillera en la zona, la consolidación de movimientos campesinos cada vez más fuertes en su lucha por la recuperación de tierras baldías e improductivas, así como con la entrada del narcotráfico y sus ejércitos privados, se da también la incursión del proyecto paramilitar. 

Lo hizo primero bajo la figura de las Convivir, financiadas por ganaderos, comerciantes y hacendados. Luego con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y posteriormente con las Autodefensas Unidas de Colombia, que en la subregión hacían presencia con el Bloque Córdoba y el Frente Abibe, en Tierralta y Valencia; el Bloque Héroes de Tolová, en Valencia, y el Frente San Jorge, en Montelíbano.

Luego de su desmovilización, entre el 2002 y el 2005, quedaron en el territorio diversos grupos residuales que hoy hacen presencia en la región como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, y los Caparraos, así como el Frente 18 de las disidencias de las Farc.

Sur del Tolima

“Somos gestores de paz, no dejamos de creer que todo tiene solución. Con diálogo se puede escuchar, reconocer, recapacitar y solucionar”

— Leonoricel Villamil

Leonoricel-Villamil
Leonoricel Villamil hace parte del Consejo Comunitario de Mujeres y la Comisión de Equidad de Género de Planadas, entre otras organizaciones. / FOTO: Cortesía

Nació en Bogotá pero desde que tiene cinco años vive en Gaitania, un centro poblado rural en el municipio de Planadas, en el sur del departamento del Tolima. Ha sido concejal por tres periodos consecutivos, siendo la segunda mujer más votada en las contiendas locales en todo el sur del departamento. Hace parte del Consejo Comunitario de Mujeres de Planadas, el Concejo Municipal de Paz, la Comisión de Equidad de Género de Planadas, la Mesa local de Reconciliación y Paz y la Mesa de Convivencia, Reconciliación y No Repetición Nacional, entre otros organismos.

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

El liderazgo de Leonoricel ha tenido un énfasis particular en temas de género. Desde 2015 ha liderado diversos procesos con las mujeres rurales de su municipio, sobre todo fomentando la creación de asociaciones. Hoy, gracias a ella, existen nueve asociaciones de mujeres en Gaitania, incluida una de mujeres excombatientes en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación El Oso. A través de esas ellas Leonoricel ha liderado la creación de varios proyectos productivos con financiación de cooperación internacional, proyectos de fortalecimiento escolar para la institución Antonio Nariño y procesos de renovación y construcción de infraestructura en Gaitania, entre otras cosas. 

Además, participó en varios encuentros de la Comisión de la Verdad para aportar a la construcción de su Informe Final y ha gestionado espacios de escucha e intercambio entre la población excombatiente y la población civil con el objetivo de contribuir a la restauración del tejido social, la construcción de memoria y la no repetición. Eso último, destacando en particular la experiencia de las mujeres rurales y excombatientes, así como de la comunidad LGBTIQ+ y las afectaciones particulares que sufrieron. 

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

En Gaitania y en el Sur del Tolima en general, dice Leonoricel, la guerra se vivió de múltiples maneras: homicidios, secuestros, desplazamiento, extorsión y muchas otras acciones victimizantes cuyo motivo la población civil no ha terminado de comprender. No solo quedaron en medio de enfrentamiento entre los distintos actores armados, sino que fueron víctimas directas de todos, incluyendo el Estado. 

Por eso Leonoricel dice que una de las cosas más importantes para la construcción de una paz efectiva es la generación de confianza entre la población civil y las instituciones, y de legitimidad de la segunda entre la primera: “La institucionalidad nos hizo muchos daños, entonces ¿en quién confía uno? Seguimos con desconfianza ante el Estado”, asegura Leonoricel. 

En ese sentido, Leonoricel también dice que hace falta una voluntad política por parte de los mandatarios locales y regionales para ejecutar los proyectos y las obras que se estipularon en la hoja de ruta del Pdet y responden directamente a las necesidades de la comunidad. 

De la misma manera, Leonoricel asegura que la falta de una oficina del Banco Agrario en Gaitania, que fue saqueada y destruida en una toma guerrillera, es también un obstáculo para la construcción de paz. Eso en la medida en que se dificulta el acceso a préstamos y financiación para el desarrollo de proyectos rurales.

Sobre la subregión del Sur del Tolima

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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Sur del Tolima está conformado por los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en Tolima. 

El sur del Tolima fue uno de los escenarios principales, si no el principal, de la violencia partidista y el surgimiento de guerrillas liberales y comunistas que se enfrentaron en contra del gobierno conservador, y entre sí, por la intensa violencia que ejerció en la subregión a causa de las revueltas que ocasionó el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. 

A principios de los 50, en el sur del Tolima convergieron una serie de guerrilleros liberales (limpios) y comunistas (comunes) expulsados de sus regiones, dentro de los que estaba Pedro Antonio Marín o ‘Manuel Marulanda’, y, en inmediaciones del municipio de Ríoblanco, en una hacienda llamada ‘El Davis’, formaron el Estado Mayor Unificado del Sur, una alianza para combatir al gobierno conservador. 

Sin embargo, cuando en 1953 el entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla ofreció una amnistía generalizada a todas las guerrillas del país, la alianza entre liberales y comunistas se fracturó y, mientras buena parte de los primeros se acogieron e incluso terminaron de informantes del gobierno, los comunistas desconfiaron y se negaron a acogerse. 

Con ello comenzó una campaña militar contra esos grupos con acciones como el bombardeo a Villarrica y posteriormente el ataque a Marquetalia, una vereda del municipio de Gaitania donde se había asentado Marulanda y que había sido incluida en la lista de las ‘Repúblicas Independientes’, territorios que no reconocían al Estado como autoridad ni a la Fuerza Pública. 

El ataque a Marquetalia duró un mes, desde la tercera semana de mayo a la tercera semana de junio de 1964 y hubo presencia de miles de soldados del Ejército, apoyados por la Fuerza Aérea, que el 14 de junio bombardeó Marquetalia. 

Ese, sumado a otros ataques a las ‘Repúblicas Independientes’, así como un contexto generalizado de atropellos al campesinado, falta de acceso a tierra, imposibilidad de la participación política, entre otros elementos, sirvieron para que, a finales de 1964, se reunieran 100 guerrilleros en Riochiquito, en el norte del Cauca, en la Primera Conferencia Guerrillera, para conformar lo que llamaron el Bloque Sur. Más tarde, en 1966 se realizó la Segunda Conferencia Constitutiva en La Uribe, Meta, en la que participaron 350 guerrilleros y allí adoptaron el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

Así, el sur del Tolima fue un lugar de relevancia fundacional para las Farc, que, aunque poco después de su surgimiento se vio a punto de desaparecer por los ataques de la Fuerza Pública, a principios de los 70 se fortaleció y estableció una fuerte presencia en la subregión. Tanto así que esta investigación de Dejusticia la califica como el “teatro de la guerra de más larga duración en la historia del conflicto armado con las Farc”. 

Y agrega: “El sur del Tolima fue quizás el epicentro organizativo y el referente simbólico más importante de la historia de las farc-ep”. 

Además de ser un lugar de relevancia simbólica y política para las Farc, el sur del Tolima también fue un lugar estratégico en términos geográficos: en el suroriente enlaza con Huila y desde allí con Meta y Caquetá, y el suroccidente conecta con el Cauca y desde allí con Nariño y el Pacífico. 

Con las Farc como actor armado principal, en la década de los 80 surge en la subregión el Rojo Atá, un grupo contrainsurgente de varias familias liberales que se unieron para hacerle frente a la guerrilla. Este se expandió rápidamente por la subregión, donde para entonces afloraba el cultivo de amapola, que sirvió para su fortalecimiento. 

Ese grupo operó hasta 1995, cuando sus integrantes decidieron conformar cooperativas de vigilancia y seguridad, más conocidas como Convivir. 

En 1982 surgen los frentes 17 y 21, que operaron en la subregión y que resultaron de ‘desdoblamientos’ de los frentes 7 y 6, respectivamente, que ya tenían presencia en el territorio. 

En 1997 y 1998, la subregión y el departamento en general vivió una escalada de violencia a causa del incremento de tomas guerrilleras en sus municipios, una estrategia que profundizó las Farc con fuerza desde 1998 en su intención de llegar a las grandes ciudades. 

Más tarde, en el 2000, se creó el Bloque Tolima de las AUC y cuyos primeros integrantes fueron antiguos miembros del grupo Rojo Atá y descendientes de antiguos guerrilleros liberales, a quienes se sumaron hombres enviados por Carlos Castaño.

Eso supuso el incremento de las confrontaciones, los ataques contra centros poblados y población civil, el desplazamiento forzado y los homicidios selectivos. 

En el 2005, el Bloque Tolima se desmovilizó y las Farc, aunque diezmadas, continuaron teniendo presencia en la subregión a través del frente 21 y el frente 25, así como de varias columnas móviles, según cuenta este informe de la Fundación Ideas para la Paz. Por su parte, la consolidación de bandas criminales residuales después de ese proceso de desmovilización no es claro y no hay presencia relevante de ellas. 

Sin embargo, hoy, luego del proceso de desmovilización de las Farc, las disidencias de la Segunda Marquetalia y del Comando Coordinador de Occidente están presentes en los cuatro municipios de la subregión

Urabá Antioqueño

“La búsqueda de la paz tiene que ser un compromiso de todos y todas los colombianos”

— Glenis María Gómez

Glenis-Gomez
Glenis María Gómez es Consejera Nacional de Cultura y representante de las comunidades Negras, Raizales y Palenqueras en el marco del Plan Nacional de Cultura 2022-2023. / FOTO: Cortesía

Es docente de la Escuela Normal Superior de Urabá, en Turbo, la única de la subregión y donde ella estudió pedagogía. Desde los 14 años,  gracias a su madre, está involucrada en procesos de liderazgo social con particular énfasis en la cultura. Es Consejera Nacional de Cultura y representante de las comunidades Negras, Raizales y Palenqueras en el marco del Plan Nacional de Cultura 2022-2023, y forma parte del Mecanismo Especial de Consulta Urabá, una herramienta de consulta creada por la Agencia de Renovación del Territorio para garantizar la participación efectiva de las comunidades étnicas en el diseño, la formulación, la ejecución y el seguimiento de los PDET. 

¿Cómo está trabajando la comunidad local en la construcción de paz?

Desde la Escuela Normal Superior, Glenis realiza diversos trabajos con sus estudiantes con el objetivo de autoreconocer su cultura, su historia y su identidad afrocolombiana, al tiempo que talleres para reconocer y respetar la diferencia. 

De la misma manera ha creado espacios y semilleros con estudiantes de formación complementaria, de manera articulada con poblaciones y comunidades en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de realizar diagnósticos de las problemáticas que aquejan a su municipio y desde allí plantear posibles soluciones que tengan en cuenta las particularidades de las personas con las que trabajan. 

Asimismo, ha promovido espacios de relacionamiento de sus estudiantes con consejos comunitarios del territorio, organizaciones de víctimas y personas afectadas por fenómenos como el desplazamiento, entre otras, y desde esos espacios ha buscado aportar con informes y distintos tipos de insumos en el caso 004 de la Justicia Especial para la Paz: Situación Territorial de Urabá. Además, en esos espacios en ocasiones participan representantes de distintas instituciones municipales y departamentales, con el objetivo de dar a conocer la situación de las comunidades en Turbo y de esa manera generar incidencia e impacto real.  

Por otra parte, desde el Mecanismo Especial de Consulta ha propendido por realizar un análisis riguroso acerca de los contextos de los pueblos étnicos en la subregión, así como hacer una revisión profunda de los proyectos que se van a implementar en el marco del Pdet, con el objetivo de que se dé una verdadera participación efectiva de esas comunidades y que los planes tengan en cuenta verdaderamente sus intereses y necesidades y, también, que estén distribuidos en los lugares donde se hace más necesario.

¿Cuáles son los principales desafíos del territorio?

Para Gledis, uno de los elementos que dificultan la construcción de paz en el Urabá Antioqueño es la falta de atención que reciben las personas desplazadas que llegan a la región desde otros lugares del país, particularmente de Chocó, así como los migrantes Venezolanos que desde 2015 huyen de la situación de su país y que han llegado a la región por los miles. Eso, particularmente pensando en los desafíos de salud pública que eso supone. 

Según datos de Migración Colombia, para febrero del 2022, en Antioquia actualmente residen 344.223 venezolanos, de los cuales 13.884 se encuentran en la subregión del Urabá Antioqueño, siendo Apartadó el municipio con más presencia migrante de Venezuela, con 5.688, seguido de Turbo, con 3.526, y Chigorodó, con 1.622. 

De la misma manera, aunque Necoclí no tiene una población migrante venezolana residente muy alta, 810 según Migración Colombia, sí se ha convertido en un paso obligado para decenas de miles de migrantes que cruzan por la frontera entre Colombia y Panamá, atravesando el Tapón del Darién, para llegar a Centro América y después a Estados Unidos, como lo evidencia esta nota de El País de España y este reportaje de El Colombiano

Asimismo, es importante tener en cuenta que por el Urabá cruzan migrantes de todo tipo de nacionalidades. Tanto así que para febrero del 2021, el Ministerio de Salud recogió información de migrantes provenientes de 33 países distintos, incluyendo Haití, que para ese entonces representó el país con mayor flujo de migrantes con 12,328, así como de Cuba, Senegal, Ghana, Angola, Guinea y varios otros países africanos. 

Teniendo eso en cuenta, en este boletín, el Ministerio de Salud asegura que es necesario  tener en cuenta las condiciones socioeconómicas y sanitarias del Urabá, teniendo en cuenta que es un lugar “con una alta tasa de analfabetismo, una alta prevalencia de gestación adolescente y de enfermedades transmitidas por vectores, un debilitamiento de la prestación de servicios de salud y con múltiples intereses económicos que conllevan a condiciones de violencia estructural, lo cual configura su situación de pobreza. Por esta razón, este flujo migratorio puede acentuar las debilidades presentes en el territorio, aunándose la vulnerabilidad que presenta esta población migrante con variadas barreras de acceso a derechos fundamentales”. 

En ese sentido, Gledis asegura que es urgente la construcción del Hospital Universitario Regional, con el objetivo de atender las necesidades de la población migrante en la región, así como aquellas de la población local.

Sobre la subregión del Urabá Antioqueño

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De la población vive en zona rural
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El Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Urabá Antioqueño está conformado por los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro De Urabá y Turbo, en Antioquia. 

El Urabá Antioqueño es una región de colonización reciente. Vivió un primer proceso de poblamiento entre los años 1920 y 1950 protagonizado por campesinos de Córdoba que llegaron motivados por la disponibilidad de tierras baldías. 

Desde la década del 50 comienza una segunda ola de colonización, motivada por la construcción de la carretera al mar, que conecta Medellín con Turbo; la expulsión masiva de campesinos de los valles del río Sinú a causa de la expansión del latifundio ganadero, y, particularmente, por el nacimiento y acelerada consolidación de la industria bananera en la región. Miles de campesinos llegaron entusiasmados por la primera bonanza de la industria en los años 1960.

A pesar de esa bonanza, la expansión del cultivo, cuenta Ana María Bejarano en este artículo, no significó bienestar para la región y su población en general, sino solo de las grandes empresas dueñas del negocio. Un documento del Dane y el Departamento Nacional de Planeación citado por Bejarano asegura que: “las desigualdades sociales se han venido agudizando de manera preocupan­te: los beneficios del crecimiento no se han tra­ducido en un mejoramiento sensible de los in­gresos y de las condiciones de vida de la pobla­ción”.

El Estado, por su parte, se alió con los intereses del empresariado y dejó a un lado aquellos de la población: asignó rentas institucionales a las empresas y reprimió con fuerza militar los reclamos que llegaban desde la población. Según el Cinep, entre 1970 y 1975 hubo 36 hechos de represión colectiva contra campesinos de la región, donde además se dio un proceso de militarización general, con particular intensidad en Apartadó, Chigorodó, Mutatá y San Pedro de Urabá. 

Ese contexto, sumado a una precariedad laboral que en muchas ocasiones funcionó en complicidad con el Ministerio de Trabajo, motivó el surgimiento de un amplio y fuerte movimiento sindical desde 1964, y de allí surgieron organizaciones como el Sindicato de Trabajadores Bananeros, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Frutera, entre otros. 

Eso, por su parte, motivó una persecución sindical en todas sus formas: despidos, detenciones, amenazas y asesinatos; militarización de las fincas; sabotajes a la lucha sindical y demás.

En paralelo a todo ello comenzaron a hacer presencia durante la década del 70 grupos guerrilleros como el EPL y las Farc, que creó en el Urabá su frente 5. En la región encontraron un contexto político y una base social propicia para su expansión, tanto que entre 1984 y 1985, dos fuerzas políticas surgidas de los diálogos de paz con Belisario Betancur, la Unión Patriótica y el Frente Popular, consolidaron una significativa presencia en la región y simpatía particular con los trabajadores bananeros.

Los empresarios, sin embargo, vieron en esos procesos una amenaza contra su control de la industria y del status quo en general, a lo que se sumó el fracaso de las negociaciones de paz con el gobierno y con ello la reanudación del conflicto, ahora impulsado por un nuevo actor: el narcotráfico, que llegó a la región a través de compra tierras y desde allí se fueron formando y consolidando diversos grupos paramilitares, “financiados y entrenados por la alianza empresarios-ganaderos-narcoterratenientes para enfrentar lo que se percibe con el enemigo común: la alianza guerrilla-trabajadores bananeros-grupos políticos de izquierda”, asegura Bejarano en su artículo. 

A finales de 1994 y comienzos de 1995 llegaron a la región las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá con el objetivo de “exterminar a la guerrilla de la región”, cuenta este reportaje de Verdad Abierta

Allí se consolidó un grupo que se llamó primero el Grupo de los 20, que luego se dividió en dos: un reducto urbano y otro rural. Al urbano se le llamó Los Escorpiones, que fue el inicio del Bloque Bananero. 

Entre ese grupo, las Farc y los Comandos Populares, un reducto del EPL que volvió a las armas luego de la desmovilización de la organización en 1991, se fraguó una sangrienta guerra que aterrorizó a la región y cuya víctima principal fue la población civil. Solo en 1995, el año en que llegaron los paramilitares a la región, fueron asesinadas 66 personas en 4 masacres cometidas por el Bloque Bananero, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y las Farc, como indica este reportaje de Verdad Abierta

Luego de la desmovilización paramilitar entre 2004 y 2006, varios miembros de esos grupos reincidieron para crear distintas bandas que hoy operan en el territorio como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, que predomina en municipios del llamado ‘Eje Bananero’, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo.

Además, según la Fundación Ideas para la Paz, en la región, particularmente en municipios en la frontera de Antioquia y Chocó, como Mutatá y Murindó, se viene dando una disputa territorial entre las AGC y el ELN.

Este especial fue desarrollado por:

Andrés Ortiz Guzmán  Producción y redacción

Ana Cristina Marino, Andrés Pacheco, Steffy Riquett y Susana Serrano  Reportería

Esteban Dávila Náder Montaje y producción multimedia

María Capote — Coordinadora editorial de Colombia Visible

Nicolás Peña Ardila  Editor general de Colombia Visible