En la Amazonía, las comunidades indígenas han encontrado alternativas de ingresos mediante la conservación de su territorio y biodiversidad a través de los proyectos REDD+. Ya son más de 24 comunidades beneficiadas y 16,5 millones de toneladas de CO2 verificadas.
Varias comunidades indígenas en Colombia se han visto beneficiadas con iniciativas de conservación y desarrollo sostenible que han ganado fuerza en el panorama internacional de las llamas «soluciones basadas en la naturaleza», como lo son los proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques), los cuales buscan mitigar el cambio climático a través de la protección de los ecosistemas forestales de la mano con las comunidades locales.
El Amazonas ha sido una de las regiones donde más han llegado los proyectos REDD+. Algunas de las comunidades que trabajan activamente en estas iniciativas son Puerto putumayo y Andoque (Amazonas), Puerto Zábalo y los monos (Caquetá) y Monochoa (Caquetá), quienes han recibido apoyo para gestionar de manera autónoma sus territorios y preservar sus recursos naturales a través de privados como YAUTO.
La función principal de estas entidades es desarrollar capacidades locales y atender las necesidades planteadas por la propia comunidad, con el fin de fortalecer la confianza y las alianzas entre los distintos actores. Esto permite implementar, posteriormente, proyectos REDD+ más alineados con las realidades territoriales.
Una de las principales ventajas de los proyectos REDD+ es la generación de ingresos mediante la comercialización de bonos de carbono. Estos bonos, que representan la captura de carbono en los bosques, proporcionan a las comunidades compensaciones económicas a cambio de mantener intactas vastas áreas de selva.
Según los registros de YAUTO, ya son más de 16’543.513 toneladas de CO2 verificadas y 1’965.738 de hectáreas de selva conservada, gracias al trabajo de más de 24 comunidades.
Los beneficios en los territorios
Con el cuidado del territorio y la selva, también se abrió la puerta para la integración de conocimientos ancestrales y científicos que han permitido a los expertos realizar hallazgos en materias de fauna y flora que, de no contar con el apoyo de los territorios, no sería posible.
A través de la integración de sus conocimientos ancestrales en las iniciativas de conservación, como la guía en la instalación de los sistemas de monitoreo, la identificación de las clases de plantas y sus usos y la manera en como se relacionan con la fauna, es que los pueblos indígenas han fortalecido su capacidad de gestión territorial, manteniendo vivas sus tradiciones y asegurando que sus territorios se mantengan saludables para las generaciones futuras.
Los proyectos, al generar fuentes de ingresos, han permitido que las comunidades no tengan que recurrir a prácticas dañinas para el medioambiente, como la tala o la agricultura intensiva, lo que a su vez contribuye a la conservación de la biodiversidad.
“Estas iniciativas, diferentes a las anteriores, sí funcionan
porque son de creación de nosotros; son desarrolladas por nosotros, pensadas por nosotros y ejecutadas por nosotros. Recibimos apoyo de organizaciones como YAUTO, pero enfocada en la construcción técnica de los proyectos”, comenta Levi Andoke, líder Indígena del resguardo Monochoa.
Además de los beneficios económicos, los proyectos promueven la preservación de las culturas de estas comunidades.
Mayor gobernabilidad territorial y participación
según Jorge Fúragaro, líder indígena del resguardo de Monochoa, el proceso de toma de decisiones para el desarrollo de proyectos ha dentro de la comunidad ha mejorado. Los proyectos que buscan fortalecer las capacidades de los territorios son presentados en Asambleas Generales, que pueden darse mensualmente, en las que participa toda la comunidad. Es allí donde se decide qué destinación tendrán los recursos y cómo se ejecutarán las actividades.
Monochoa
Actualmente, los proyectos en los que trabajan entidades como YAUTO, desde 2019, han beneficiado a 24 comunidades de 4 resguardos. Ademas, según Rogelio Mendoza, «se ha visto como la población ha ido retornando al ver la posibilidad de desarrollo en su región».
“Ahora es posible que yo capacite desde mis conocimientos y desde los conocimientos académicos a la comunidad. Antes venían profesionales de otras regiones a tratar de enseñarnos cosas que no son propias. En este momento, puedo integrar mis conocimientos para educar a los jóvenes en cómo aprovechar los recursos que nos da la naturaleza y que esto beneficie a la comunidad”, comenta Rogelio Mendoza, maestro indígena.
¿Cuáles son los retos a superar?
Aunque los impactos positivos son tangibles, es importante mencionar que existen algunas críticas generales alrededor de la falta de reconocimiento adecuado de los derechos territoriales y la exclusión de los beneficios de estos proyectos hacia algunas comunidades. Esta situación, explican los expertos, se da principalmente por la falta de acceso a herramientas tecnológicas, lo cual les impide presentar la documentación que exigen las autoridades.
Por eso, YAUTO, por ejemplo, incluye dentro de su apoyo la capacitación y asesoría en el uso de computadores, siendo una solución que busca reducir el numero de comunidades que aún no logran articularse a estos procesos.
Además, en algunos casos, la distribución de los ingresos derivados de los bonos de carbono ha sido desigual en relación con el porcentaje de impuestos que deben pagar, lo que ha generado tensiones. Ante ello, los lideres indígenas plantean como alternativa de solución que se estipule en la normatividad una forma distinta de causación de cargas tributarias, de acuerdo a otros criterios como el impacto real y medible de los proyectos, más allá de la extensión territorial.
Aunque aún existen retos normativos y de articulación por resolver, los líderes locales mencionan que las comunidades indígenas de estas zonas de la región amazónica Amazonas han experimentado mejoras significativas en su calidad de vida gracias a los proyectos REDD+. Es crucial, sin embargo, que estos programas sigan evolucionando para garantizar la inclusión de todos los actores y asegurar la sostenibilidad económica y social de los proyectos a largo plazo, especialmente teniendo en cuanta la coyuntura global actual en la que cada vez se resalta más la necesidad de apoyar a estas comunidades que se encargan de proteger el 80% de la biodiversidad del mundo.