Hasta el 19 de junio de este año está abierta la convocatoria para postularse al premio que entregan el Programa Colombia de la Organización Diakonia y Act Iglesia Sueca desde 2012. Su objetivo: reconocer el trabajo que realizan los Defensores de Derechos Humanos en el país.
El Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia es una distinción que busca “reconocer, destacar y enaltecer la labor de hombres, mujeres, procesos, organizaciones y oenegés que defienden los Derechos Humanos en Colombia, como una acción positiva de respaldo a su trabajo legítimo y al aporte que hacen a la democracia y a la construcción de la paz”, dice su página oficial de convocatoria.
El premio cuenta con tres categorías: la primera, ‘Defensor o defensora del año’, que se otorga a quien “por su trabajo desarrollado en el último año es testimonio significativo de la defensa de los derechos humanos”. La segunda: ‘Experiencia o proceso colectivo del año’, se entrega a la organización que se destaque por su trabajo en defensa de los derechos humanos en dos modalidades.
Una a nivel de proceso social comunitario, que se refiere, como lo indica su nombre, a procesos sociales que surgen de manera espontánea y pueden ser de carácter comunitario, veredal o de un corregimiento.
La otra se refiere a organizaciones independientes formal y legalmente constituidas, que trabajan en iniciativas vinculadas a procesos sociales en defensa de los derechos humanos.
La tercera categoría del premio es el ‘Reconocimiento a toda una vida’. Esta se entrega a un defensor o defensora “por su valor, perseverancia y presencia en al defensa de los derechos humanos, con mínimo 30 años de trabajo en Colombia”.
Para postularse en cualquiera de las tres categorías los aspirantes deberán diligenciar un formulario y adjuntar material de apoyo que respalde el trabajo y las acciones en la defensa de los derechos humanos. La fecha límite para hacerlo es el 19 de junio de este año.
Es importante aclarar, sin embargo, que las autonominaciones no serán consideradas, por lo que la organización o el individuo aspirante deberá ser nominado por un tercero.
Estos son algunos de los ganadores en años anteriores.
Luz Marina Becerra – Defensora del año, 2021
Nacida en Condoto, Chocó, tuvo que abandonar su territorio a causa del conflicto armado. Llegó en un primer momento a Medellín y luego a Bogotá, donde se vinculó a la entonces recién fundada Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes). Entró como coordinadora del área de Género y desde allí fundó la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia, La Comadre.
Allí ha adelantado un arduo proceso de documentación de las violencias específicas que han padecido las mujeres afrocolombianas, desplazadas en el marco del conflicto armado. Esta ha servido para aportar en distintas sentencias y autos expedidos por las altas Cortes que han buscado el reconocimiento, así como la reparación, de esa población, perseguida de manera particular.
Asimismo, han producido informes que entregaron a las instituciones del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: la Comisión de la Vedad, la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas, con ese mismo propósito.
Además de ello, desde el arte y en particular desde el teatro, Luz Marina ha generado procesos de construcción de memoria histórica y reparación a las víctimas.
Si quiere conocer más acerca del trabajo de Luz Marina, puede leer esta charla que tuvimos con ella hace unos meses.
Asociación Sütsuin Jiyeyu Wayuu/Fuerza de Mujeres Wuayuu – Experiencia o procesos colectivo del año, nivel Proceso Social Comunitario, 2017
Creada en 2006, a través de la alianza entre diversas comunidades, rancherías y organizaciones Wayuu, su objetivo fundamental es visibilizar las violaciones de derechos humanos y derechos étnicos en el departamento de La Guajira, específicamente de su población indígena, y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas del conflicto armado en el departamento, así como denunciar la presencia de grupos armados y la militarización en general del territorio.
De la misma manera, la organización trabaja en la visibilización y la denuncia de las afectaciones sociales y ambientales sobre las comunidades indígenas en el departamento a causa de los megaproyectos minero-energéticos, y las consecuencias que estos tienen en términos de desplazamiento forzado y vulneración de derechos, con particular énfasis en aquellos de las mujeres.
Por otro lado, la organización busca también impulsar la participación política de las mujeres wayuu, así como motivar y fortalecer el rol de liderazgo que tienen en sus comunidades.
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Experiencia o procesos colectivo del año, nivel ONG o colectivo, 2020
Fue la primera oenegé creada con el objetivo de fomentar la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social.
En sus palabras, buscan proteger, en especial, “el derecho a la vida, la libertad, la integridad física y moral, a un trato digno, a un juicio justo e imparcial y los demás derechos de las personas privadas de la libertad” procesadas por los delitos ya mencionados.
Asimismo, de acuerdo con su página oficial, pretenden contribuir al debate sobre el sistema de justicia en Colombia, y de la implementación de una política criminal que sea “democrática y con justicia social” y que aporte a la construcción de un Estado que garantice los derechos humanos de toda la población, la democracia y la paz.
Fabiola Lalinde – Reconocimiento a toda una vida, 2015
Fue la madre de Luis Fernando Lalinde, desaparecido en octubre de 1984. Buscó a su hijo durante más de una década y con tenacidad pudo esclarecer que había sido capturado, torturado, asesinado y enterrado como NN por el Batallón Ayacucho del Ejército.
Con eso logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) decretara en 1987 que el Estado era responsable del crimen. Esa fue la primera condena internacional contra Colombia por desaparición forzada.
Con su valiente búsqueda, Fabiola encontró parte de los restos de su hijo en 1996 y amplió su lucha por la búsqueda de personas desaparecidas en una operación que bautizó como ‘Operación Sirirí’, recordando a las pequeñas aves que van detrás de los gavilanes intentando recuperar a sus pichones cuando se los llevan. A veces lo logran.
Documentó su operación de tal manera que su archivo, el cual donó a la Universidad Nacional, fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como patrimonio de la humanidad en 2015.
Fabiola falleció el 12 de marzo de este año.
Para obtener más información acerca de la convocatoria puede acceder a este enlace.