¿Qué es y por qué resulta importante el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú, que acaba de ser ratificado por la Cámara de Representantes de Colombia, es una herramienta para la protección del medioambiente y los derechos humanos que ha sido firmada por 24 países de América Latina.

El 22% de los bosques en el mundo están en América Latina y el Caribe. Pero, entre 1990 y 2015 casi un millón de kilómetros cuadrados de selva fuero talados, lo que es equivalente a perder 142.000 canchas de fútbol

De igual forma, Latinoamérica es una de las regiones más biodiversas del planeta, pero en la actualidad el 23% de las especies están en riesgo de extinción.  

Buscando salvaguardar la riqueza natural que le pertenece al continente y  proteger el derecho a gozar de un medioambiente sano, en 2018 en Escazú, Costa Rica, se firmó el Acuerdo de Escazú.

Se trata, además, del primer acuerdo latinoamericano en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en lo que tiene que ver con asuntos ambientales. Un acuerdo clave, tanto en Colombia como en el resto América Latina, donde las normas medioambientales han demostrado ser poco eficientes.

El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países de los 33 de América Latina y el Caribe, y 14 lo han ratificado, siendo Colombia el más reciente en el último debate de la plenaria de la Cámara de Representantes, con 119 votos a favor y uno en contra.

El recién aprobado proyecto de ley debe pasar a conciliación del Congreso de la República para su posterior sanción presidencial y así convertirse definitivamente en ley.

Una vez ocurra esto, todos los artículos del Acuerdo de Escazú entran a implementarse de inmediato y Colombia se verá obligado a cumplir con las normas que se plantean respecto a quienes protegen el medioambiente, la formación, participación y justicia ambientales.

Pero, ¿por qué es importante el Acuerdo de Escazú? 

El tratado aborda cuatro cuestiones: el acceso a la información oportuna, la participación pública, la justicia aplicada en asuntos ambientales y la protección de los derechos de quienes defienden el medioambiente. 

En Colombia el Acuerdo de Escazú se presenta como una herramienta con la que se podrá establecer una base a nivel nacional y un marco jurídico a nivel internacional que permita superar las situaciones de conflictividad ambiental

Así mismo, este tratado dará apertura a la cooperación internacional, para recibir apoyo de los países que hacen parte del acuerdo.

Puntos importantes para entender el Acuerdo de Escazú:

1. El Acuerdo de Escazú no afecta la soberanía

Caño Cristales
El Acuerdo de Escazú es una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos. / FOTO: Shutterstock

El objetivo del acuerdo es proteger los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, así como garantizar seguridad a quienes promueven y defienden los derechos humanos en estos mismos.

El artículo 3 del acuerdo establece los principios de soberanía permanente de los estados sobre los espacios terrestres, marítimos o aéreos del territorio nacional y sobre sus recursos naturales, además de garantizar la capacidad de decidir sobre ellos.

El mismo acuerdo legitima a los estados para implementarlo según sus “prioridades y posibilidades”.

2. El Acuerdo busca garantizar entornos seguros y libres de violencia

El acuerdo permite que se avance en el involucramiento de niños y niñas en los procesos de toma de decisiones ambientales y climáticos. / FOTO: Shutterstock

Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores del ambiente y el territorio. Según el informe de Global Witness, 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana.

Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta septiembre del 2021 fueron asesinados 611 líderes ambientales según Indepaz. 

Escazú es el primer tratado que cuenta con estándares e indicadores para proteger a los líderes sociales defensores del medioambienteEn su artículo 9 establece que se debe garantizar un entorno propicio para la defensa del ambiente, evitando amenazas o inseguridades por esta labor.

También garantizará el acceso a la justicia para los defensores ambientales cuando sus derechos sean vulnerados.

3. El tratado busca dar acceso oportuno y comprensible a la información ambiental

El Acuerdo de Escazú contiene disposiciones que le permitirán a Colombia superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental. / FOTO: Shutterstock.

El Acuerdo de Escazú establece condiciones claras para que la sociedad pueda acceder a información relacionada con el sector ambiental de forma clara y oportuna.

Por ejemplo, en contextos de proyectos que puedan afectar a ciertas comunidades y sus territorios, como explotación de hidrocarburos y minerales.

Para la senadora del Pacto Histórico y líder ambiental Isabel Zuleta, en Colombia el acceso a la información no es tan sencillo para las comunidades, lo que, considera, ha permitido que quienes buscan proteger el medioambiente no puedan actuar a tiempo frente a las obras que afectan gravemente los recursos naturales de la región.

“Como parte de la implementación del acuerdo, se podrán asignar partidas presupuestales, por ejemplo, para que haya mayor acceso a la información ambiental. Esto es muy importante para que sea realmente asequible a toda la población, entonces se podrán hacer, por ejemplo, guías para que el acuerdo sea comprensible para todas las poblaciones”, dijo por su parte Carolina Giraldo, representante por el departamento de Risaralda por el partido Alianza Verde.

4. La participación pública de todos los actores en las tomas de decisiones en materia ambiental

El acuerdo aumenta y garantiza la seguridad jurídica para inversiones y desarrollo de proyectos, sobre todo porque su contenido permite acoger las directrices de organismos multilaterales como la OCDE y el BID. / FOTO: Shutterstock.

El Acuerdo de Escazú promoverá la participación de la ciudadanía en asuntos y cuestiones que afectan el medioambiente, siendo consultadas en la toma de decisiones nacionales.

Según la ministra de ambiente, Susana Muhamad, este acuerdo “viene a generar un mejor estándar democrático para las decisiones ambientales y le da un poder político a la ciudadanía”. 

Gracias a esto se podrían evitar casos como el de Caño Cristales, “donde se había concedido una licencia exploratoria para la explotación de hidrocarburos, a pesar del enorme impacto ambiental que podría generarse a este ecosistema, y sin la participación de las comunidades que dependen del turismo local”, como lo registra la ONG WWF.

O el del Suroeste Antioqueño, donde una compañía intentó entrar a realizar minería de oro sin que se le avisara a la comunidad, pese a que estas acciones amenazaban la cultura local y la vocación agrícola y turística de la región.

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