Desde hace casi una década, Ordóñez coordina un programa que promueve la resocialización en centros penitenciarios de Bogotá e Ibagué. Su trabajo con 224 estudiantes, incluidos 34 egresados y ninguna reincidencia, demuestra que la educación abre caminos hacia otros futuros.
La educación para personas privadas de la libertad en Colombia es, hoy, una apuesta clave por la resocialización al interior de los centros penitenciarios del país. Según datos del INPEC, solo en 2022, más de 39 mil personas privadas de la libertad participaron en actividades educativas como alfabetización, educación informal, ciclos lectivos especiales integrados, educación superior, entre otras modalidades.
Desde 2016, la Universidad Minuto de Dios hace parte de uno de los convenios más destacados en esta materia. A través de un acuerdo con el INPEC, la institución ha llegado con clases a 224 estudiantes y logrado que 33 de ellos egresen en cuatro centros penitenciarios del país: las cárceles La Picota, La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá; y la Cárcel COIBA, en Ibagué. De ese total, 34 personas ya se encuentran en libertad, con un 0% de reincidencia en acciones criminales.
La coordinación del proyecto está a cargo de Yudely Ordóñez, docente y trabajadora social de 46 años, oriunda de Isnos (Huila), que cuenta con una amplia trayectoria en contextos penitenciarios. Entre 2010 y 2014, trabajó con programas de tratamiento penitenciario a personas privadas de la libertad y población postulada a la Ley de Justicia y Paz. Además, cuenta con una especialización en creatividad, diseño e innovación; una maestría en orientación educativa familiar y formación en coaching internacional en educación, neuropedagogía y gestión del talento.
“Aunque me di un tiempo de los centros penitenciarios para cuidar a mi hija, en 2016 entendí que tenía una vocación (…) Durante estos nueve años, me he dado cuenta que la educación no tiene barreras. Y que los modelos pedagógicos siempre pueden adaptarse según las necesidades y contextos”, comenta la docente.
Una de esas adaptaciones es la creación de aulas especiales para garantizar el acceso a contenidos educativos, con modificaciones en las metodologías. El modelo implica la adecuación de espacios virtuales especiales que permiten que los estudiantes utilicen todos los contenidos, sin necesidad de navegación por internet, garantizando acceso a las herramientas y documentos necesarios para el proceso de formación profesional.
Adicional, los estudiantes reciben todo el material pedagógico necesario en formato físico para que puedan adelantar sus estudios en tiempos de trabajo autónomo desde sus celdas. También se tienen en cuenta las diferencias de edad, pues en los grupos hay personas entre los 18 y los 65 años.
“Los límites los pone el que no se arriesga a soñar y a ver sus capacidades”, comenta Ordóñez quien, además, destaca la importancia de que los 24 docentes asociados al proyecto estén preparados para brindar palabras de aliento a quienes, sin experiencia previa en herramientas tecnológicas o en el mundo de la educación superior, suelen frustrarse en los primeros intentos.
Para Yudely, la línea misional de la universidad ha sido clave a la hora de fortalecer el trabajo que adelantan, ya que estos programas, además de la cualificación profesional, “requieren de altos niveles de empatía y una vocación de servicio muy marcada”, afirma.
Desde su rol como coordinadora del programa, ha sido el motor para que muchas personas privadas de la libertad encuentren nuevas oportunidades de formación y resignificación de sus historias de vida, dando las líneas a seguir en las carreras de administración de empresas, comunicación social y periodismo, licenciatura en lenguas extranjeras y trabajo social.
“Nos hemos encontrado con estudiantes de calidad, que siempre quieren y piden más; que preguntan más allá de lo que el contenido curricular establece. Eso ha llevado a motivar a los docentes a prepararnos más y también en habilidades socioemocionales”, agrega.
Un informe de 2021 del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana resaltó que la calidad educativa es un factor determinante para prevenir la reincidencia penitenciaria. Ese año, 5 de cada 100 personas privadas de la libertad no contaban con ningún nivel de escolaridad y 9 de cada 10 no habían accedido a educación superior, una condición que limita sus oportunidades de reintegración y las expone a reincidir en conductas delictivas al no encontrar medios legales para generar ingresos.
Por eso, para Yudely, la asignatura más importante que cursan las personas privadas de la libertad durante los cinco años que duran los programas es Proyecto de vida: “Los estudiantes se acercan diciendo que siempre se preguntaron por qué las metas no se les daban, y luego descubren que es porque no tenían un plan de vida ni nada estructurado para poder llevarlas a cabo en un orden específico”, agrega.
Hoy, desde su rol como coordinadora, Ordóñez no solo acompaña los procesos de resocialización en los centros penitenciarios, sino que los hace posibles. Su labor va más allá de la gestión académica; implica entender las realidades de cada estudiante, adaptar metodologías, sensibilizar a los docentes y asegurar que la educación llegue con sentido, pertinencia y continuidad.
A través de su trabajo, ha logrado que la formación profesional se convierta en una verdadera herramienta de transformación, resignificación y construcción de nuevas oportunidades para quienes, por años, han estado al margen del sistema. En cada paso, reafirma que la educación es una responsabilidad social y que el ejercicio docente, en contextos como el penitenciario, tiene el poder de abrir caminos donde antes solo había encierro.
“Los docentes están llamados a construir país”, concluye.