Esta forma de violencia de género, ejercida sin base cultural legítima, afecta principalmente a niñas del pueblo Emberá, causando muertes, secuelas físicas y traumas profundos. Hoy, un proyecto busca erradicarla con pedagogía contextualizada a la cosmovisión indígena.
En Colombia, la mutilación genital femenina (MGF) sigue siendo una práctica vigente, especialmente en algunas comunidades del pueblo indígena Emberá, en Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío. Aunque no existe una cifra oficial, organizaciones como UNFPA y la Defensoría del Pueblo han identificado casos y alertado sobre la persistencia de esta forma extrema de violencia basada en género. Hoy, mujeres de ese mismo pueblo buscan erradicarla.
A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Colombia la MGF no tiene un sustento tradicional o religioso arraigado, sino que se relaciona más con prácticas impuestas históricamente y reproducidas desde el desconocimiento. En los últimos años, líderes y lideresas indígenas comenzaron a hablar abiertamente del tema, señalando la necesidad de abordarlo desde un enfoque de derechos humanos, interculturalidad y reparación.
Sin embargo, el Estado colombiano aún carece de una política pública integral que enfrente esta problemática con acciones coordinadas de prevención, atención y acompañamiento a las niñas y mujeres afectadas.
Juliana Domico, consejera mayor de la Confederación Nacional de los pueblos de la Gran Nación Emberá, asumió con decisión la lucha contra esta práctica. “Esto no es cultural”, afirma tajante. “Esto es una práctica nociva que adquirimos, y así como llegó, se debe erradicar”.
«Esto se introdujo con la colonización», explica Domico, quien representa al resguardo Cañaveral, en Córdoba. Ella y otras lideresas han venido construyendo un camino apalancado en pedagogía y el respeto para transformar esta realidad desde adentro, sin recurrir a la estigmatización.
La visibilidad pública del tema en Colombia, recuerda, inició en 2007, tras la muerte de dos niñas indígenas en un hospital de Pereira. Desde entonces, autoridades tradicionales y organizaciones han liderado acciones para poner fin a esta práctica, aunque el camino no ha sido fácil. “Nos han estigmatizado como pueblo por esto, y eso no lo vamos a permitir más”, reclama Domico.
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y defensora de derechos de las mujeres, también asumió el tema desde el Congreso. “Es urgente que el Estado reconozca que esto no es una práctica aislada ni exclusiva del ámbito cultural, sino una violación de derechos humanos que requiere acción interinstitucional y recursos concretos”, señala.
La mutilación se practica mayormente en niñas recién nacidas, no como rito iniciático, sino como un mecanismo de control sobre su sexualidad. “No tiene sentido. No aporta a nuestra cultura, no hace parte de nuestro tejido. La cultura no daña, no mata, no excluye”, afirma Domico, retomando palabras de otras mayoras de su pueblo.
Los impactos son físicos, emocionales y espirituales. Dolor en el parto, complicaciones en la menstruación, relaciones sexuales dolorosas y traumas psicoemocionales son apenas algunas de las secuelas. “Una sobreviviente me dijo: ‘me siento rara, excluida’. Eso no lo puede vivir ninguna niña más”, recuerda con fuerza la consejera.
En 2009, el Consejo Regional Indígena de Risaralda intentó sancionar la práctica mediante una resolución, pero no tuvo efectos duraderos. “Lo punitivo no erradica lo que está mal en la sociedad”, afirma Domico. En cambio, experiencias como la del Consejo Regional Indígena del Valle del Cauca, donde se logró erradicación total en una comunidad mediante acompañamiento pedagógico, demuestran que el cambio es posible.
“El enfoque no puede ser el castigo, sino la transformación cultural desde el diálogo”, insiste Pedraza. Para ambas lideresas, la clave está en la educación sexual y reproductiva contextualizada a la cosmovisión indígena, el acompañamiento psicoespiritual y la presencia institucional sostenida.
Es que, Colombia ha reconocido ante organismos internacionales que la MGF ocurre dentro de sus fronteras, pero hasta ahora no ha asumido plenamente la responsabilidad de erradicarla. “Estamos en deuda. No solo con esto, también con la desnutrición, el abandono, el desplazamiento que vivimos en los territorios”, denuncia Domico.
La necesidad de un presupuesto específico para la erradicación es urgente. “No podemos hablar de tiempo si no hay recursos. Si los hubiera, tal vez en 15 años podríamos lograrlo. Pero si seguimos así, pasarán otros 15 y no habremos avanzado”, advierte.
Para lograrlo, la consejera mayor de la Confederación Embera ha sostenido apoyo de Proyecto Educativo Comunitario (PEC), reuniones con entidades estatales como el ICBF y el Ministerio del Interior, para solicitar que se diseñen estrategias culturales, pedagógicas y comunitarias, no represivas, para enfrentar esta práctica. Entre otras cosas, explica cuentan con una ruta propuesta a distintas autoridades para eliminarla.
Además, en el Congreso de la República, la representante Pedraza ha visibilizado el tema y exigido la implementación de un protocolo de atención integral con enfoque diferencial y étnico. Ambas coinciden en que el diálogo intercultural y el liderazgo de las mujeres indígenas son fundamentales para que el cambio se produzca desde adentro, sin criminalizar ni estigmatizar a las comunidades.
De hecho, la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate, en abril de 2025, el Proyecto de Ley 018 de 2024, de autoría de Pedraza y las representantes Alexandra Vásquez y Carolina Giraldo, que busca prevenir, atender y erradicar la MGF en el país con una perspectiva de derechos humanos, que requiere soluciones sensibles y culturalmente contextualizadas.
La iniciativa, que contempla todo lo señalado hasta ahora, representa un avance significativo en el reconocimiento y abordaje de la mutilación genital femenina, y espera actualmente el agendamiento del primero de dos debates en el Senado para convertirse en Ley. De acuerdo con Pedraza, las representantas mantienen campañas de información y presión para que dicho trámite se surta antes de que acabe el periodo legislativo de 2026.
“Cuando se habla de niñez o de mujeres, dicen que eso es tema de mujeres. Pero si seguimos pensando así, nunca erradicaremos la violencia basada en género”, concluye Domico.
En medio de todo, una verdad emerge con claridad: la erradicación de la mutilación genital femenina no es solo una causa indígena, ni un tema exclusivo de mujeres, sino un compromiso que debe asumir el país entero. Con respeto, pedagogía y voluntad política, la transformación es posible.