Aunque su participación política todavía enfrenta retos asociados con el reconocimiento y las garantías, los jóvenes colombianos están convencidos de que este camino es el más efectivo a la hora de transformar su realidad. Dos consejeros de juventud explican por qué.
Colombia tiene mucho por hacer en materia de representatividad política juvenil. Basta con mirar instituciones como el Congreso de la República, donde los dos parlamentarios más jóvenes, entre 172 personas, tienen 28 años ―Jennifer Pedraza y Miguel Polo Polo―; o a los recién posesionados gobernadores departamentales: apenas cinco tienen menos de 35, siendo el menor Nicolás Iván Gallardo, de San Andrés y Providencia, con 30.
Y es que, si bien existen los Consejos de Juventud, conformados por 12.874 jóvenes de entre 14 y 28 años para el periodo que va desde 2022 hasta 2025 ―el primero desde que se aprobó el estatuto de ciudadanía juvenil en 2013―, los propios integrantes de estas entidades advierten sobre la falta de garantías y escucha que experimentan, a pesar del enorme potencial transformador que han demostrado tener.
Parte de la problemática se desprende de estigmas que tomaron fuerza durante el estallido social de 2021 y que han sido enunciados de manera directa por iniciativas como el programa Jóvenes Resilientes de USAID y ACDI/VOCA. De acuerdo con estos, en la sociedad colombiana todavía se piensa que las juventudes “no se preocupan por los demás» o que “no proponen y solo marchan”.
No obstante, la encuesta ‘Voces Resilientes: juventudes, realidades y territorios’ elaborada por esas organizaciones, con apoyo del Observatorio Javeriano de Juventud, registra que de 5.465 jóvenes consultados, el 57% está de acuerdo o muy de acuerdo con que pueden contribuir al desarrollo del país al participar en política, mientras que el 63% afirma que como jóvenes pueden incidir en transformar su realidad. Eso, teniendo en cuenta que el 65% de ellos no se sienten tenidos en cuenta por los políticos colombianos.
Para Jairo Salazar Obando, consejero distrital de Juventud para Tumaco, Nariño, los jóvenes no solo están interesados en participar activamente en política, sino que “tenemos un papel crucial en la configuración del rumbo de nuestro país. Nuestra diversidad de perspectivas, energía y creatividad son fundamentales para abordar los desafíos que tenemos como nación”. Según el sociólogo de 26 años, se trata de una cuestión de representatividad y equidad.
Con él concuerda Gina Baytter Alvarado, consejera distrital para Cartagena e integrante del Consejo Nacional de Juventudes. De acuerdo con la psicóloga de 22 años, creadora de la Fundación Para la Generación de Paz, esa voluntad juvenil todavía requiere de una mejor recepción: “la ciudadanía tiene que darse la oportunidad de facilitar espacios para que los jóvenes, que hemos estado exigiendo durante mucho tiempo derechos con garantías, podamos verlos materializados”
Ambos consejeros, valga decir, entraron en la política con motivaciones similares: crecieron en territorios vulnerables y experimentaron lo que es perder amigos y conocidos de infancia a causa de la violencia y la pobreza. Eso, relata Salazar, le llevó a ver el camino de la política como “la única manera de incidir de forma directa, con acciones que permitan transformar mi comunidad”.
En contraste, sus historias son testimonio de las diferentes maneras de entrar en la política. Baytter, por ejemplo, llegó al Consejo a través del Partido Alianza Verde, que le otorgó el aval en reconocimiento a los procesos juveniles que lidera desde su Fundación, en el barrio El Pozón del sur de Cartagena; mientras que Salazar lo hizo a través de un listado independiente luego de crear el colectivo Nuevos Liderazgos de la mano de otros 17 jóvenes de diferentes sectores de Tumaco convencidos de la posibilidad de generar, precisamente, nuevas formas de liderar desde un enfoque interseccional y diferencial.
Además de estos mecanismos existe la posibilidad de elegirse a través de procesos y prácticas organizativas como corporaciones o juntas de acción comunal.
Así, y con dos años de gestión, Baytter ha facilitado la ejecución de estrategias ambientales y culturales para jóvenes de los barrios más vulnerables de Cartagena con apoyo de cooperación internacional. También aportó, desde el Consejo Nacional de Juventud, a la construcción de una agenda de juventudes alineada al Plan Nacional de Desarrollo.
Salazar, por su parte, fue uno de los artífices de la Política Pública de Juventud que ya fue aprobada por la administración distrital de Tumaco y que, asegura, funciona como una “carta de navegación” para cualquier entidad que quiera entender las necesidades de esta población en el municipio en cuestiones de educación, empleo, salud, bienestar y participación, entre otros frentes.
A pesar de estos logros, los dos jóvenes advierten sobre la persistencia de retos enormes. Para el tumaqueño el más grande tiene que ver con la falta de garantías, pues “ser consejero de juventud es un tema de pasión, amor y entrega por el territorio, porque no son corporaciones públicas, no devengan salarios y no contemplan el acceso a beneficios que garanticen la participación. En territorios dispersos como Tumaco, por ejemplo, factores tan pequeños como la movilidad dificultan que los representantes de las zonas rurales se puedan trasladar para sesionar, debatir y construir”.
Para la cartagenera otro problema es la falta de reconocimiento por parte de la institucionalidad pues, explica, los gobiernos saben de la existencia de instancias como los consejos de juventud, pero no les escuchan. “Es necesario que podamos participar, llevar agendas juveniles y convertirlas en agendas institucionales que cuenten, por ejemplo, con asignación presupuestal”, señala, recordando que tanto Presidencia como Cámara y Senado deben tener sesiones con el Consejo Nacional de Juventudes que todavía no se han dado.
Ante ello, y reconociendo que la encuesta ‘Voces Resilientes’ registra que menos del 15% de los jóvenes confía en el Gobierno Nacional, los locales, el Congreso y los partidos políticos, los consejeros ofrecen recomendaciones como el fomento de espacios inclusivos para el diálogo y la participación, en los que se puedan expresar preocupaciones, necesidades y aspiraciones de manera transparente; la creación de mecanismos que faciliten la incorporación activa de más jóvenes a la institucionalidad y la ejecución de acciones garantes que le apunten a la transformación social por encima del cumplimiento de metas administrativas.
Adicionalmente, existen alternativas como el ‘Parche Político’ del Programa Jóvenes Resilientes, una estrategia que entre otras cosas busca motivar a alcaldes y gobernadores a incluir, con voz y voto, a miembros de los consejos de juventudes en espacios como los consejos territoriales de planeación o a mantener un diálogo directo con los representantes juveniles para entender las prioridades de su agenda y atenderlas desde la política pública.
“Es importante que continuemos en este proceso de participación. ¿Quién más que nosotros, las nuevas generaciones, para generar las transformaciones que necesita el país?”, concluye Baytter. Salazar la complementa señalando que “las formas de participar, desde las redes sociales hasta el trabajo en coalición en pro de intereses colectivos, amplifican nuestras voces y fortalecen nuestras capacidades de incidencia política nacional”.