Las ciudades inteligentes son un universo de posibilidades para brindar bienestar y garantizar la competitividad del territorio, no para vigilar.
Referirnos a las ciudades inteligentes es hablar de un universo de posibilidades, en el que la sociedad está en cambios constantes y rápidos, que superan la capacidad de respuesta de los gobiernos. A mi juicio, el concepto de smartcity está en permanente construcción, pues es dinámico y acepta muchas definiciones, sin embargo su eje central debe ser la búsqueda del bienestar de las personas.
En ese sentido, las decisiones de la administración pública deben buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente y garantizar la competitividad del territorio, y parte del éxito para lograrlo es la adecuada planificación, basada en la consolidación de fuentes de información y la data.
Por lo tanto, el propósito de la minería de datos que se compila día a día no debe ser el de controlar, espiar o manipular los comportamientos humanos, sino el de construir políticas públicas que resuelvan los problemas que afectan al territorio y sus habitantes.
En las ciudades inteligentes hay una mayor capacidad de respuesta y una preocupación por la justicia y por velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, donde el esclarecimiento de los delitos contra la vida, el patrimonio y el medio ambiente son una premisa superior.
Es cierto que cada vez hay más cámaras instaladas en espacios públicos y privados, generando la sensación de estar constantemente vigilados. El desafío está en entender que, si bien el interés común prima sobre el particular, es una obligación garantizar la privacidad de las personas, máxime cuando la tecnología de la videovigilancia permite identificar los rostros de la gente para adelantar acciones judiciales, cuando es el caso.
Recopilar información es la oportunidad para identificar las dificultades sociales y así trabajar en soluciones que lleven desarrollo a las comunidades, promuevan la conservación del medio ambiente, avancen hacia la innovación y la movilidad sostenible, estimulen la economía, disminuyan las brechas e impulsen la educación.
¡Qué bueno sería que los ciudadanos tuvieran las mismas posibilidades y beneficios de una ciudad inteligente! Que tanto en la zona urbana como la rural pudieran, por ejemplo, hacer trámites de manera sencilla o formarse académicamente, sin que las condiciones territoriales sean un impedimento: el conocimiento debe estar disponible para todos.
