El mercado de bonos de carbono comenzó a dinamizarse en Colombia a partir del 2017. La herramienta se ha convertido en una de las opciones más viables para que las empresas mitiguen sus daños ambientales y, además, para que las comunidades indígenas y afro fortalezcan su gobernanza local a través de proyectos de conservación.
¿Qué son?
Los bonos de carbono son certificados de reducción de emisiones de gases efecto invernadero que representan una tonelada de dióxido de carbono equivalente que fue capturada (a través de procesos de reforestación o restauración ecológica) o que se evitó que fuese liberada a la atmósfera (a través de: proyectos de conservación de bosques).
Estos certificados, a grandes rasgos, crean una unidad transaccional ambiental (1 tonelada de CO2 equivalente) para llevar una contabilidad que, posteriormente, es la que permite establecer un mercado para canalizar e invertir recursos a proyectos de mitigación.
«Estos certificados de reducción de carbono deben cumplir con unos principios de calidad e integridad ambiental que garanticen que efectivamente el pago que se hace por ese bono de carbono contribuyó a una acción positiva por el clima», explican expertos de Wildlife Works, una empresa con presencia en África, Asia, América Central y del Sur con más de 20 años de trayectoria en el desarrollo y la implementación de proyectos REDD+ para la conservación de bosques y biodiversidad.
¿Qué no son?
Los bonos de carbono no son permisos para que las empresas de grandes industrias sigan emitiendo gases de efecto invernadero.
No obstante, de cara a una sociedad descarbonizada, se han convertido en una herramienta que permite a las empresas revisar los costos de sus impactos ambientales al tiempo que contribuyen a financiar proyectos de mitigación. Eso mientras desarrollan opciones innovadoras para la conservación del medioambiente para implementar dentro de sus operaciones.
¿Cómo funciona el mercado de carbono en Colombia?
Existen tres tipos de mercados de carbono: voluntario, obligatorio e híbrido.
Colombia cuenta con un esquema híbrido derivado la Ley 1819 de 2016 en la cual se crea el impuesto al carbono, un gravamen ambiental con el que se busca desincentivar el uso de combustibles en el país.
El mercado de carbono nacional, sin embargo, se vio dinamizado a partir del 2017, año en el que el gobierno lanzó el Decreto 926 de 2017 a través del cual se permite la adquisición de certificados de reducción de emisiones (bonos de carbono) en lugar del pago del impuesto.
«Es decir, las empresas deben cuantificar su impacto ambiental en términos de toneladas de CO2 equivalente, adquirir la cantidad de bonos de carbono estimada y así, no causar el impuesto al carbono en sus operaciones», explican los expertos de Wildlife Works, que ha logrado proteger 1.2 millones de hectáreas de bosque a través de sus seis proyectos en el Pacífico y Amazonía colombiana gracias a la participación de 187 comunidades.
Cabe aclarar que la compra de estos certificados no es obligatoria, lo que hace que la vinculación de las empresas al mercado sea voluntaria. «Esta medida puso a Colombia como pionero en política pública y generó una actividad de financiación directa del sector privado hacia las iniciativas de mitigación«, mencionan.
¿Por qué son tan estratégicos en la lucha contra el cambio climático?
Son estratégicos porque incentiva el desarrollo de iniciativas de mitigación bajo un esquema de pagos por resultados a largo plazo (20-30 años). Este factor temporal tiene tres beneficios principales:
1) Le garantiza al comprador que efectivamente está apoyando una iniciativa que redujo o capturó gases efecto invernadero de la atmosfera.
2) Le asegura al dueño de la iniciativa proyectar con sostenibilidad financiera —a diferencia de los modelos de donación donde el proyecto no continúa cuando se acaban los recursos—.
3) Permite que las iniciativas de mitigación financiadas por bonos de carbono se alineen a las necesidades de las metas internacionales (2030 – 2050).
¿Qué papel juegan las comunidades al momento de garantizar el éxito de este método de compensación?
Las comunidades indígenas y afrocolombianas son quienes han implementado modelos de manejo sostenible de los bosques milenariamente. Con su conocimiento ancestral y prácticas tradicionales cuidan y conservan los bosques. De hecho, según Wildlife Works, los territorios bajo el manejo de comunidades étnicas cuentan con menores tasas de deforestación que áreas con otras figuras de conservación, como por ejemplo Parques Nacionales.
«Sin su participación, los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada (REDD+) no serían exitosos. El reto está en asegurar que los recursos provenientes de la acción climática (bonos de carbono) realmente sean invertidas en estos territorios y que no queden en manos de intermediarios», comentan.
¿Cómo está Colombia con respecto a cantidad proyectos REDD+?
«Según nuestra revisión en los registros públicos de los estándares, hay 76 iniciativas REDD+ registradas. De esas, 53 están certificadas, es decir, habilitados para vender bonos», mencionan.
Seguido de la expedición de la normativa que regula el mercado de carbono que se lanzó en 2016 y 2017, la emisión de certificados incrementó de manera exponencial.
Sin embargo, a partir de 2020 se presentó una disminución en adquisición de compra de estos bonos para el mercado nacional. Esto, según los expertos, debido a que los precios internacionales están más altos, lo cual incentiva la venta de estos certificados a compradores internacionales.
¿Cómo se posiciona Colombia a nivel Latinoamérica en cuanto a mercado de carbono?
Colombia es un país pionero, no solo por el impuesto al carbono, sino también por la Resolución 1447 que reconoce que las iniciativas REDD+ pueden ser implementadas tanto en el sector público (tal es el caso de programas nacionales como Visión Amazonía), como en el privado, planteados en los proyectos REDD+.
«Esto es único en el mundo porque es una estrategia integral que aúna esfuerzos de privados y públicos en la lucha contra la deforestación», explican.
Además, el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (RENARE) es un ejercicio que otros países están observando para el cumplimiento de sus metas nacionales frente al Acuerdo de París. RENARE es una plataforma que permite llevar una contabilidad nacional de reducción de emisiones consistente y que involucre a todos los actores.